Para el Gobierno de Carles Puigdemont, la Guardia Civil era una "policía paramilitar" al estilo de los grupos delincuenciales colombianos o de la Contra en Nicaragua, que al servicio del Estado español, sin jueces ni fiscales de por medio, asaltaba periódicos, detenía a funcionarios y trataba de someter al pueblo catalán.
El relato falsario aparece reflejado en un correo que, desde su cuenta oficial de la Generalitat, envía el conseller Raül Romeva el 22 de septiembre de 2017. Según la documentación obtenida por EL ESPAÑOL, Romeva remite una carta de agradecimiento al eurodiputado Sander Loones, diputado por Nueva Alianza Flamenca y uno de los principales partidarios del movimiento independentista catalán en la cámara europea, más por sus propias pretensiones como independentista flamenco que por cualquier cercanía ideológica.
El exconseller de Exteriores, Raül Romeva, en una imagen de archivo.
"En los últimos días, la policía paramilitar española, Guardia Civil, ha entrado y registrado las oficinas de un periódico catalán privado y el servicio de correos español ha recibido la orden de dejar de distribuir las revistas de asociaciones privadas de ciudadanos y partidos políticos (incumpliendo la libertad de información y prensa que contempla el artículo 20 de la Constitució)", escribía el entonces máximo responsable de la política internacional del Govern de Carles Puigdemont.
En sus palabras, Romeva hace referencia al registro, ordenado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, de una revista comarcal catalana en busca de publicidad relacionada con el referéndum ilegal del 1-O. La orden judicial no afectaba en ningún momento al contenido de la publicación, sino al presunto gasto de dinero público en unos comicios declarados ilegales, en una causa que permanece bajo investigación, ahora en el Tribunal Supremo.
De la misma forma, la Justicia prohibió la difusión por correo ordinario de la propaganda electoral para la consulta tras declararla ilegal. Sin embargo, el exconseller, en su particular versión, explica que "las cartas enviadas por la Comisión electoral, por instituciones catalanas y por partidos han sido confiscadas", como si se tratara de correspondencia de carácter ordinario y como si la decisión respondiera a una cuestión política y no judicial.
Ni una palabra de jueces y fiscales
De hecho, Romeva hace mención a renglón seguido a que desde el 20 de septiembre, el "Gobierno español ha intentado suspender la autonomía financiera de Cataluña" (en referencia al bloqueo y supervisión de las cuentas bancarias de la Generalitat por parte del Ministerio de Economía, controlado entonces por Cristóbal Montoro, y a los registros "en 22 edificios catalanes, en domicilios privados, y la detención de 14 funcionarios públicos", obviando que esta segunda decisión era responsabilidad única y exclusiva de la Justicia, y que los agentes que participaban en este operativo estaban allí en labor de policía judicial, cumpliendo las órdenes dictadas por jueces y fiscales catalanes.
Carta remitida por Raül Romeva.
No es la única vez en la que el nombre de la Guardia Civil ha aparecido relacionado con la palabra "paramilitar", pero sí la primera en la línea temporal que tiene que ver con el independentismo catalán. La polémica llegó cuando en octubre de 2017, varias publicaciones internacionales utilizaron el término para referirse a la Guardia Civil en relación con las intervenciones protagonizadas en Cataluña. Eso fue 15 días después de que Romeva firmara su carta.
¿Es el cuerpo público español una entidad paramilitar? el debate es tanto etimológico como de lenguaje y no está resuelto. Pero no cabe duda de que en el uso común, la palabra "paramilitar" acarrea una carga negativa relacionada con raptos, ataques y otras atrocidades cometidas por sicarios y ejércitos privados de medio mundo. Algo que nada tiene que ver con la Guardia Civil. Y algo que Romeva, lógicamente, ya sabía.