Los trabajadores sociales y psicólogos forenses reclaman más medios técnicos y personales para evitar tragedias como la vivida la pasada semana, cuando en menos de dos días hubo cuatro víctimas de violencia machista en 24 horas: dos niñas asesinadas por su padre en Castellón y dos mujeres a manos de sus parejas en Maracena (Granada) y en Bilbao.

El día 26 de septiembre ha quedado marcado en negro en el calendario, y muchos se preguntan qué falla en la Justicia para que mujeres que denunciaron a sus agresores hayan acabado muertas o les hayan arrebatado la vida de sus hijas como castigo.

Los equipos sociales forenses arrojan uno de los motivos: ellos no están en los juzgados de guardia para valorar a víctimas y agresores, y asesorar a los jueces para evitar tragedias mayores. 

Dos terceras partes de los casos de violencia de género van a juicio rápido en nuestro país, sólo algunos pasan a diligencias previas de investigación y el resto se deciden a criterio del juez y con propuesta del fiscal únicamente. Por no hablar de la multitud de víctimas que deciden retirar las denuncias en el último momento. 

Dos personas por provincia

Psicólogos y trabajadores forenses trabajan mano a mano con las familias y la misión que tienen encomendada por ley (Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) es realizar valoraciones globales (médicas, sociales y psicológicas) a las víctimas y a los agresores para asesorar a jueces y fiscales sobre su situación, y que estos tomen decisiones. Sin embargo, actualmente la mayoría de provincias españolas cuentan únicamente con un psicólogo y un trabajador social que tienen que hacerse cargo de todos los juzgados y no están presentes en los de guardia. 

En algunas provincias, ni siquiera se cumplen estos números. Es el caso de Soria, donde según denuncian a EL ESPAÑOL los propios trabajadores, "el equipo psicosocial dependiente del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se encuentra desde enero de 2018 sin la figura del psicólogo, dejándose sin realizar un sinfín de valoraciones o dejándolas pendientes durante no se sabe cuánto tiempo, ya que la Administración responde no tener dinero para su cobertura". 

La presidenta de la Asociación de Trabajadores Sociales Forenses, Pilar Ruiz, alerta del problema que supone que el trabajo de los servicios sociales no esté presente en las vistas judiciales. También en los juicios por divorcio, caldo de cultivo de casos de violencia machista. 

"Es muy importante valorar los antecedentes de las personas, su educación, cómo vivió su infancia, su situación personal y económica, entre otros factores de riesgo. Hay hombres que, cuando se divorcian y son obligados a salir de su casa por ley, se sienten en una situación de indigencia. Dependiendo de todos estos factores de riesgo, se convierten en auténticas bombas de relojería", explica Ruiz. Precisamente esos peligros son visibles en un juicio, y la intervención de los equipos sociales son vitales para prevenir casos de violencia machista, en algunos casos, hasta 37 en lo que llevamos de 2018, mortales. 

Retrasos en los procedimientos

La escasez de estos equipos sociales, y por tanto la dificultad de elaborar informes periciales con mayor rapidez, da lugar a largos retrasos en la resolución de procedimientos judiciales que no hacen más que poner en riesgo a las víctimas. Incluso con medidas cautelares dictadas, como las órdenes de alejamiento, los agresores han conseguido maltratarlas o hasta asesinarlas.

Los trabajos de valoración no son rápidos, aclara Ruiz. "En nuestros despachos siempre hay una caja de pañuelos de papel. Quienes se sientan al otro lado de nuestra mesa tienen historias complicadas que resolver, no podemos despacharles en 20 minutos. Además, cada caso supone un esfuerzo psicológico y emocional para nosotros, te tienes que marcar un límite al día para no perder la perspectiva y no ser injusto", explica con la pesadumbre de sentir que mientras intenta evitar que una mujer sea víctima de violencia machista, otra lo estará siendo en otro rincón de España.