No hay caso relacionado con el excomisario José Villarejo sin grabaciones de por medio. Y la investigación contra el empresario Ángel Pérez-Maura en Guatemala no podía ser menos. En esta ocasión las cintas, que no fueron grabadas por el comisario detenido desde hace once meses pero sí analizadas en sus trabajos, vieron la luz en abril de 2016 de la mano de una periodista de origen cubano llamada Bárbara Hernández.
En las grabaciones, Hernández hablaba con Enrique Godoy, el comisionado presidencial para Puertos y Aeropuertos del gobierno de Guatemala, que hablaba sin tapujos sobre el procedimiento que afectaba al empresario Ángel Pérez-Maura y sobre de la presunta inacción del Gobierno español frente a las prácticas corruptas de sus empresas en suelo extranjero.
Además, el responsable venezolano explicaba que las pruebas clave del caso, los cheques sobre los presuntos sobornos del presidente Otto Pérez Molina fueron entregadas a la Fiscalía de Guatemala por la mujer del interventor de la empresa portuaria que realizaba los pagos, que, en pleno proceso de divorcio, tomó los cheques y los entregó a la Justicia.
"¿Qué sucede aquí en este caso? que los señalan con la boca chiquita, los gringos y los europeos porque los que sobornaron son ejecutivos de una empresa española [,,,] Otto cobró el dinero. El primer pago lo recibió y todo esto surge al público porque la exesposa, que en ese momento era esposa encontró los cheques en su casa y como estaban divorciándose, en su pelea con él, entregó los cheques a la CICIG". explicaba el funcionario de Guatemala sobre la actuación del Gobierno español.
"Aquí hay un tema... ¿tú conoces lo que es el GRECO? No el pintor. Es el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa. Esta es una norma que se estableció en Europa y donde cada dos años le hacen investigaciones a cada país de cómo va su avance. El último reporte que le hicieron a España fue en el 2014. Y en la sección de empresas privadas dice que a pesar de que España implementó el delito penal de el que haga sobornos a funcionarios extranjeros comete un delito, ahí decían desde el año 2001 que se implementó la norma, no han castigado a ninguno. No hay un solo caso de una empresa española que haya cometido ese delito. Lo cual quiere decir que no han hecho una persecución", explica Godoy, que pronuncia una última frase sobre España: “Esto aparentemente llega incluso hasta a políticos españoles, que facilitaron las relaciones”.