Fincas de más de un millón de dólares, tres millones en efectivo, un barco y hasta un helicóptero para el cumpleaños del presidente Otto Pérez Molina, la máxima autoridad de Guatemala en 2015 y la persona de la que dependía la concesión de Puerto Quetzal, el contrato pretendido por la naviera Terminal de Contenedores Quetzal, del empresario español Ángel Pérez-Maura.
Las pruebas del presunto soborno aparecen en un informe elaborado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) abierta por Naciones Unidas que se convirtió en la punta de lanza para investigar el caso. El documento analiza los pagos y transacciones de una veintena de sociedades, hasta concluir que los empresarios españoles utilizaron presuntamente a un intermediario que cobraba hasta el 8% para hacer llegar los fondos tanto al presidente guatemalteco como a la vicepresidenta, Roxana Baldetti.
Según los investigadores, hay dos personas clave en la causa. La primera es el arrepentido Juan Carlos Monzón, secretario personal de la vicepresidenta y que ha reconocido los pagos ilegales en sus declaraciones. El segundo es el financiero que actuó como intermediario en las operaciones, llamado Jonathan Harry Chévez, que según las pesquisas -tal y como acredita la documentación desvelada por este diario- llegó a viajar a España para pactar las condiciones de la presunta mordida.
Supuestos regalos de cumpleaños
Los informes financieros estipulan que para realizar el pago, TCQ -la empresa de Pérez-Maura- utilizó al menos dos vías distintas. La primera con sociedades repartidas por varios paraísos fiscales (10 millones de dólares) y la segunda con uno de sus proveedores en el país, una filial de la firma Copisa que entre 2013 y 2016 facturó a TCQ 114 millones de dólares.
Desde allí, los fondos iban a parar a otra red de ocho empresas, ocho supuestos proveedores que centralizaban después parte de los fondos en una cuenta del Banco GT Continental. En otras ocasiones, el dinero llegaba por empresas de terceros en conceptos como el "pago de maíz" o el "pago de frijoles". En una última etapa, el intermediario Chévez se ocupaba de realizar las inversiones y de mover el dinero en efectivo que le ordenaban, presuntamente, el presidente y la vicepresidenta del país.
Los últimos movimientos se hacían, según el informe, con dos sociedades controladas por Chévez, llamadas Fordnox y Transacciones Monetarias Unidas. Por medio de esta última sociedad, el financiero sacó en varias partidas hasta tres millones de dólares en efectivo, en billetes de 100 dólares, que según las investigaciones terminaron presuntamente en manos del presidente Pérez Molina. En ese caso, el pasador restó 119.6746 dólares de comisión.
En 2014, parte de los fondos sirvieron para comprar, según los investigadores, un helicóptero Bell 407, una aeronave que cuesta, si es nueva, 2,5 millones de euros y que sobre el papel le había sido regalada en su cumpleaños por cinco exfuncionarios de su Gobierno. No fue la única vez.
La investigación desvela también que con esos fondos el presidente compró una lancha Grandy White 336, una embarcación por la que se abonaron 319.216 dólares a la firma Representaciones Marítimas Guatemala y que se suponía un regalo de cumpleaños en 2012. Sin embargo, el barco fue facturado a un tercero "para ocultar el verdadero propietario de la misma".
Además, los investigadores localizaron pagos por una finca en Taxisco (sur de Guatemala) conocida como Cocos 2, que lindaba con otro terreno que estaba ya en manos del presidente y había sido adquirida por un millón de dólares en 2013. El empleado de la finca ratificó que, pese a que figuraba a nombre de una sociedad, era el expresidente quien la disfrutaba desde que la vendieron sus antiguos dueños.
En el caso de la vicepresidenta, los informes de la CICIG vinculan los presuntos sobornos con la compra de una finca de 1,6 millones de dólares, además de una inversión de 198.000 dólares en maquinaria para una clínica de cirugía estética afincada en Florida.
El dinero que salió de España
Para confirmar la trazabilidad del dinero, los agentes anticorrupción de Guatemala registraron las empresas del intermediario y localizaron un cuadro con anotaciones de distintas empresas que enviaban fondos a Chévez desde Chile, Miami, Panamá, Islas Vírgenes o Hong Kong. Ese cuadro, según Juan Carlos Monzón, asistente personal de la vicepresidenta, "corresponde a la forma por la que el señor Jonathan Harry Chévez recibe el primer pago de TCB por valor de diez millones a través de las empresas que presentó cuando viajó a España a reunirse con los financieros de TCB". Esos financieros serían los hombres que controlaban las finanzas en la naviera de Pérez-Maura.
Según los investigadores de la CICIG, que no aportan más datos de esas presuntas reuniones en España, la llegada del dinero a Guatemala se hizo por medio de una sociedad llamada APM Terminals, con la que varias sociedades vinculadas a Grup Maritim SL o al grupo TCB firmaron contratos de servicios: "Se ha establecido que Jonathan Harry Chévez, a través de Transacciones Monetarias Unidas SA, recibió por lo menos 35,7 millones de quetzales (casi 4 millones de dólares) para Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti Elías, producto del soborno para el otorgamiento del contrato de usufructo oneroso suscrito entre Empresa Portuaria Quetzal y Terminal de Contenedores Quetzal SA".
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