El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha archivado la investigación contra Mario Conde por el origen de su fortuna personal. La Fiscalía Anticorrupción denunció diversos indicios de que el expresidente de Banesto habría blanqueado fondos procedentes de apropiaciones indebidas en dicha entidad a través de sus personas de máxima confianza enviándolos a una cuenta suiza.
Sin embargo, el juez no encuentra ni una sola prueba justificada de dichas actuaciones y archiva la investigación contra él y el resto de investigados, entre ellos sus dos hijos. La investigación y la información aportada por las autoridades suizas en una comisión rogatoria han permitido al juez concluir que la cuenta suiza de Conde llevaba abierta desde los años 80. Los fondos de ésta procedían de una actividad del empresario anterior a Banesto, relacionada con la distribución de medicamentos y los ingresos de una inversión inmobiliaria en Londres devengados entre 1994 y finales de 2009, un extremo ratificado en el juzgado por un perito.
Así, Pedraz sobresee la investigación contra él y el resto de investigados por un delito de Blanqueo de Capitales, ocho delitos contra la Hacienda Pública, un delito de insolvencia punible y otro de organización criminal (si no existen los anteriores no puede existir la organización criminal).
Mario Conde, detenido por blanquear 13 millones de Banesto
La querella de la Fiscalía
Según la denuncia de Anticorrupción basada en un informe de la Guardia Civil, Conde habría blanqueado dinero procedente de apropiaciones indebidas utilizando "a familiares y amigos de su máxima confianza" desde 1999 a 2014.
En dicho informe, se argumentó que estas personas de confianza de Conde habrían ingresado más de 2,2 millones de euros en efectivo y habrían recibido transferencias procedentes de cuentas bancarias en el extranjero por 10,7 millones de euros. En total, según la Guardia Civil y Fiscalía, "el total de dinero de origen injustificado que entre 1999 y 2014 habría aflorado en cuentas vinculadas a Mario Conde ascendería a 13 millones de euros".
Según el Ministerio Fiscal, Mario Conde "dirigía a un conjunto de personas compuesto por familiares, empleados, amigos y afines que, en una distribución de tareas jerárquicamente establecida, habría logrado durante los últimos 17 años la colocación, encubrimiento y repatriación de cantidades de origen ilícito, así como los ilegítimos frutos que su oculta inversión durante ese período le habría generado".
Establecían una pirámide: en la cúspide estaba Conde y, por debajo, sus hijos Mario y Alejandra Conde Arroyo y el marido de ésta, Fernando Guasch Vega-Penichet, a los que el juez también archiva toda la investigación.
El juez no ve pruebas
Sin embargo el juez, después de todas las diligencias practicadas, no ve pruebas para continuar investigando a Conde y al resto de personas por los presuntos delitos denunciados por la Fiscalía. Pedraz concluye que el dinero investigado no tiene un origen relevante para el proceso porque "sería anterior a Banesto", como así ha ratificado el perito judicial designado.
El juez explica que la Comisión Rogatoria cursada a Suiza para requerir la documentación bancaria sobre las cuentas y movimientos realizados por el ex banquero en entidades suizas, determina que provienen de diversos ingresos realizados entre los años 1980 a 1985, relacionados con la venta de Antibióticos y por ingresos de una inversión inmobiliaria en Londres, devengados entre 1994 y finales de 2009. El perito ratificó en su comparecencia ante el juzgado que los fondos aflorados coincidían con los fondos transferidos con anterioridad a los años investigados por la Justicia española.
Loos hechos son atípicos, dice el instructor, "tanto porque no se acredita el origen ilícito del dinero (2.288.048 euros) al no demostrarse además que proceda de las apropiaciones indebidas de las arcas de Banesto, como porque tampoco se acredita que el dinero se utilizara para fines distintos de 'gastos ordinarios de consumo' ( autoblanqueo) como así mantiene la defensa".
Además, añade que tampoco puede apreciarse la comisión de delito alguno contra la hacienda pública ni de insolvencia punible, al no haberse acreditado estos delitos. De ahí que haya decidido archivar la investigación por todos los presuntos delitos.