Vox hace una "utilización fraudulenta" y "espuria" de la acción popular y "su voluntad principal, o incluso única, es utilizar su personación como polo de atracción electoral", sostiene en un escrito dirigido al Tribunal Supremo la defensa de Jordi Cuixart, procesado por rebelión por su participación en el proceso secesionista catalán y en prisión provisional en la cárcel de Lledoners (Barcelona).
La defensa del presidente de Òmnium Cultural acaba de pedir con ese argumento la expulsión de Vox de la causa judicial en un momento crítico, ya que las acusaciones deben presentar a lo largo de la próxima semana sus escritos de calificación provisional, donde concretarán los cargos y las penas que solicitarán contra los 18 procesados que se sentarán en el banquillo.
Cuixart ha pedido a la Sala Penal que eche a Vox "antes de entrar en la fase de acusación, esto es, en la emisión de los escritos de calificación provisional, que es el momento en el que la acusación popular comparecida va a poder consolidar su posición procesal en el presente procedimiento".
Presencia consentida
Se trata de una petición sorpresiva: ninguna de las defensas ha cuestionado hasta ahora la participación de Vox en la causa, pese a que ha actuado en ella desde el principio.
Su intervención ha sido decisiva en algún momento del proceso. El magistrado instructor, Pablo Llarena, pudo mantener en prisión a Joaquim Forn el pasado marzo sólo gracias a que Vox así lo reclamó. En esa ocasión la Fiscalía cambió de criterio por orden del entonces fiscal general, Julián Sánchez Melgar, y postuló la puesta en libertad bajo fianza del exconsejero del Interior. La Sala de Apelación confirmó la corrección del criterio de Llarena.
Ello contradice la afirmación que la defensa de Cuixart hace en su escrito en el sentido de que la personación de Vox "no aporta a nada al interés de la Justicia, ni siquiera de la óptica de la acusación, que se halla representada por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado (ésta comparecida como acusación particular)".
Precisamente si se considera cuál puede ser la actuación del fiscal y de la Abogacía del Estado, la solicitud de la defensa forma parte de una estrategia que tiene un alcance amplio. En el caso de que el Ministerio Público, que tiene la intención de acusar por rebelión en su escrito de calificación provisional, modificase su acusación llegado el momento de la calificación definitiva tras al juicio y si el abogado del Estado sólo acusa por malversación de fondos públicos, únicamente la presencia de Vox permitiría a la Sala plantearse una eventual condena por rebelión.
La acusación popular que ejerce ese partido es la única parte que con toda seguridad mantendrá el cargo de rebelión hasta el final del proceso, por lo que librarse de su presencia es un objetivo de los encausados.
Según la defensa de Cuixart, el ejercicio de la acción popular es "legítimo" cuando defiende "un interés general más amplio que el de promover la acción de la justicia y, por ello, ha de existir algún punto de contacto o relación de la acusación popular con el interés que defiende".
En este caso, añade, se trata de un partido "en un procedimiento en el que se juzgan políticos de otras formaciones políticas con ideologías opuestas, además de líderes de la sociedad civil".
El programa electoral
La defensa de Cuixart cita el programa electoral de Vox (en el que aboga por la "suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo y la depuración de responsabilidades civiles y penales) y reproduce parcialmente la intervención de su líder, Santiago Abascal, durante un acto que tuvo lugar en Vistalegre el pasado día 7.
Abascal manifestó que "sabemos lo que quiere la España viva: que se detenga a los golpistas incluido Quim Torra, que se les procese y se les envíe a prisión".
Discurso Santiago Abascal en Vistalegre
El escrito de la defensa subraya que Vox mantiene una "actitud beligerante" a favor de la recentralización del Estado "y de negación de los derechos nacionales de los pueblos" y sostiene que el procedimiento del Supremo "se está utilizando para dar una imagen de legitimidad, en actos de propaganda electoral, a ideas que contravienen la misma Constitución".
"No existe [en Vox] un interés directo y específico en contribuir a la investigación del supuesto -y negado por esta parte- delito objeto el procedimiento", interpreta la defensa de Cuixart.
El interés de ese partido, considera, "no puede corresponderse con el bien común, sino con la confirmación de un ideario partidista, con intención propagandística y de mantenimiento de una grave beligerancia frente a la secular reivindicación democrática del reconocimiento de los derechos nacionales de los pueblos".
La actuación de formaciones políticas en procesos judiciales en el ejercicio de la acción popular es habitual. La ley vigente no prevé como causa de exclusión de la acción popular el hecho de que sea ejercida por un partido o que éste tenga una u otra ideología o que el proceso afecte a contrincantes políticos. En este momento Podemos, IU y el PSOE están personados en procesos judiciales como los papeles de Bárcenas o el caso Lezo (que afectan al PP), mientras que el Partido Popular actúa en diligencias abiertas en dos Juzgados de Madrid sobre la supuesta financiación ilegal del PSOE.
[La 'cobra' de Pilar Rahola en TV3 al secretario general de Vox]