La Audiencia Nacional ha rechazado dejar en libertad al excomisario investigado, José Manuel Villarejo, por segunda vez. Siguen viendo riesgo de destrucción de pruebas y de fuga pues los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal no descartan que existan "más bienes cuya existencia ahora se desconoce y que podrían servirle para mantenerse fuera del país si decidiera sustraerse a la acción de la justicia o retomar las actividades indiciariamente delictivas a las que aparentemente se ha estado dedicando".
Villarejo lleva en prisión preventiva desde el 6 de noviembre de 2017, cuando fue detenido por formar parte de una presunta organización criminal en la que habría utilizado la información secreta a la que tuvo acceso como agente encubierto para hacer negocios personales que le habrían permitido enriquecerse. También se le comenzó a investigar por un presunto delito de blanqueo de capitales.
En mayo de este año, el juez instructor del caso Tándem, Diego de Egea, ya rechazó el recurso de reforma presentado por la defensa del excomisario por la gravedad de los hechos investigados y porque consideró que había riesgo de fuga y destrucción de pruebas. También destacó su "absoluta falta de colaboración" con la justicia.
El comisario Villarejo ha revelado al juez la existencia de una ‘Operación Cataluña’
La defensa de Villarejo presentó un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que ésta también ha rechazado. Los magistrados Alfonso Guevara, Ángeles Barreiro y Ana María Rubio consideran que Villarejo pudo incurrir, además de los delitos que ya se le imputaban, en los de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y extorsión.
Exponen que el riesgo de fuga continúa porque, aunque Villarejo argumenta que ya es bastante conocido en España para huir, los magistrados explican que "el hecho de que sea conocido en España podrá dificultar su ocultamiento aquí, pero no en otros países donde no se da esa circunstancia".
Destrucción de pruebas
Los magistrados ven preciso mantener la prisión también para evitar que destruya pruebas puesto que "hay material intervenido pendiente de analizar del que puedan derivar más líneas de investigación".