El TC admite la impugnación de la reprobación del Rey por el Parlament

El pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este miércoles por unanimidad admitir a trámite la impugnación presentada por el Gobierno de Pedro Sánchez contra el acuerdo del Parlamento catalán que reprobó al jefe del Estado, Felipe VI.

El Gobierno no invocó en su impugnación, cuyos argumentos publicó EL ESPAÑOL, el artículo 161.2 de la Constitución a los efectos de que se acordase la suspensión de la resolución recurrida. Por ello, el TC no ha impuesto este miércoles esa medida cautelar que hubiera paralizado los efectos del acuerdo del Parlament cuestionado.

La presentación de esa impugnación no tuvo el respaldo del Consejo de Estado, que en un dictamen pedido por el Gobierno concluyó que el acuerdo de la Cámara catalana fue "netamente político" y sin efectos jurídicos.

La admisión a trámite de la impugnación supone, en principio, que el criterio del Consejo de Estado no es compartido por el TC o que el asunto presenta, al menos, suficientes dudas como para ser examinado en sentencia.

De hecho, la impugnación presentada por el Gobierno contradice frontalmente al Consejo de Estado: la reprobación de Felipe VI y la "reafirmación" del Parlamento catalán en los valores republicanos y en la abolición de la Monarquía "tiene naturaleza jurídica y produce efectos jurídicos, no solo tiene un alcance político".

La impugnación niega a la Cámara autonómica competencia para reprobar el jefe del Estado. Pero, más allá de una cuestión competencial, considera que la resolución del Parlamento catalán es "la expresión de una acción". Ello se deduce de la utilización de un verbo "en modo alguno inocente": reafirmar. 

"Reafirmar quiere decir continuar con lo hecho previamente", explica el Gobierno, que considera que el uso de esa expresión tiene "un objetivo claro". Tras la reprobación del Rey, la resolución "se inserta en el propósito definido del Parlamento de Cataluña de subvertir el orden constitucional".

"Reafirmar, en el Parlamento de Cataluña, se vincula al conjunto de actos adoptados por esa cámara desde el año 2013 hasta la actualidad en orden a la secesión de manera unilateral de Cataluña de España, con la creación de una República independiente, sin seguir los procedimientos establecidos para ello" en la Constitución.