Hacienda lleva 30 años detrás de Agapito García Sánchez por los presuntos fraudes fiscales cometidos desde sus empresas. Pero este jueves, un descuido de la Administración le permitió, precisamente, levantarse del banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid a los pocos minutos de sentarse tras admitir el presidente del Tribunal que no podía juzgarle sin dañar su derecho a la defensa. 

El hombre que lideró hasta el año pasado el poco reputado ranking de los mayores morosos con la Administración acudía como acusado por un presunto delito contra la Hacienda Pública en el IRPF de 2009. Por esos hechos la Fiscalía pide para él cuatro años de prisión y una multa de 4,7 millones de euros, así como una indemnización al Erario de 1,6 millones.

Con gesto calmado y mirada profunda, Agapito García esperaba desde muy temprano en los pasillos de la Audiencia madrileña el aviso de la funcionaria para entrar a la Sala de juicio acompañado de su abogado. Pelo y barba blancos, gafas ligeras e integradas perfectamente en los delgados rasgos faciales como si se hubieran acoplado a ellos de tanto leer números, el famoso hombre de los titulares económicos adquiría rostro al fin.

Por la austeridad en el vestuario nadie diría que su nombre apareciera en la última lista de morosos del Ministerio de Hacienda con 16,9 millones de euros pendientes de pago. Para el juicio viste botas sencillas de cordones, pantalón negro y jersey de punto del mismo color sobre una camisa blanca y corbata burdeos de la que sólo sobresale un perfecto nudo clásico. Encima, una americana gris que no se quita en el banquillo. Si existiera un estilo acuñado para quienes se formaron en colegios de jesuitas, ése sería el suyo.

Agapito García escuchó con mucha atención todo lo que el Tribunal, la fiscal, su defensa y la abogada del Estado expusieron durante la breve sesión, pero no necesitó abrir la boca. El juicio se suspendió al poco de empezar.

Una prueba "absolutamente imprescindible"

Su defensa explicó que, en la fase de pruebas previa al juicio, solicitó a la Sala un informe de la Agencia Tributaria sobre un contrato realizado en una de sus sociedades, Mirador de la Dehesa, con una tercera persona, Juan R. H., donde podría haber estado el germen del complejo fraude fiscal que ve Hacienda. 

La Sala accedió a la prueba. Sin embargo, este jueves la Administración no había enviado todavía el informe para ser expuesto en el juicio. Como explicó el abogado defensor Pablo Molina Borchert, "no vamos a poder jamás de los jamases entender el año 2009 de Agapito García calificado por la Agencia Tributaria como complejísimo" sin la información de Hacienda relativa a esa operación. De ahí que el presidente del Tribunal haya decidido suspender la sesión ante la falta de esa información "absolutamente imprescindible".

Tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado también estuvieron de acuerdo en que la falta del resumen dificulta el ejercicio de defensa de Agapito García. La fiscal pidió, además, que cuando esté listo, la responsable de Hacienda encargada del caso acuda al juicio para explicarlo.

30 años a vueltas con Hacienda

La primera vez que la Agencia Tributaria persiguió a Agapito García por presunto fraude fue en 1989, después de la venta de las acciones de cuatro compañías de su propiedad a la británica Steetley PLC por casi 23 millones de euros. Hacienda consideró que había intentado eludir impuestos (IRPF) con la operación y le reclamó una multa de 20 millones de euros.

Agapito García ganó a la Administración en el Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid. La Audiencia Nacional, ante la que recurrieron Fiscalía y Abogacía del Estado, también le absolvió al considerar que "se trata de operaciones que, de manera aislada e individual son legales y lícitas. (...) Nos encontramos ante sociedades legalmente constituidas que han cumplido con las obligaciones fiscales que les incumben en relación a las operaciones realizadas dentro de la normativa que a cada una de ellas afecta", rezaba el auto absolutorio de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

La Abogacía del Estado recurrió en casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que lo acabó condenando porque consideró que las instancias anteriores habían valorado los hechos desde el plano Penal y no desde el plano "estrictamente fiscal".

Ése es el germen de la gran deuda que a día de hoy le mantiene como uno de los mayores morosos del país. Hacienda le reclama (por la deuda más los recargos) 36 millones de euros, de los que ya ha pagado cerca de 20. Su defensa denuncia que el Supremo vea que la Agencia Tributaria, al no estar vinculada a la decisión de la Jurisdicción Penal, puede "retomar el asunto donde lo había dejado años atrás" inflando la deuda por los intereses. 

Aún no hay fecha para la celebración del nuevo juicio a Agapito García Sánchez que volverá a enfrentarse a la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid por estos hechos próximamente.