La Oficina para la defensa de los Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat de Cataluña, abierta el pasado 18 de octubre con el objetivo de "acompañar a la ciudadanía en la posible vulneración de los derechos civiles y políticos", se ha convertido en un organismo desde el que hacer un recuento sobre personas que se significan contra el procés, según denuncian afectados por su 'señalamiento' público a EL ESPAÑOL.
El Govern dice estar sorprendido por ese posible envío de policías y defiende la actuación de los Mossos
El organismo, dependiente de la vicepresidencia de la Generalitat y que dirige Adam Majó, miembro de la CUP de Manresa hasta 2015, exhibe un cariz blanco y cuenta entre sus objetivos con el de "promover y divulgar la defensa de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos de Cataluña" para resolver conflictos.
Sin embargo, la mayoría de denuncias registradas en el organismo se corresponden con "ataques" anti-independentistas, cuando a diario se viven en las calles enfrentamientos violentos entre españolistas e independentistas, resultando agredidas personas en ambos 'bandos'.
Contra los "fascistas"
El propio Majó, en la primera rueda de prensa que dio en Tarragona para aportar los datos de denuncias el pasado 13 de noviembre, no ocultó la razón de ser del organismo. Llamó a los ciudadanos a denunciar agresiones y amenazas "porque la violencia de ultraderecha, fascista, no es un tema menor y algún día tendremos un disgusto" y criticó que la Justicia "es más blanda con el sector españolista", dando por hecho que en Cataluña sólo existen agresiones de los sectores antisoberanistas.
Fuentes funcionariales afirman a este diario que el director de dicha oficina "tan sólo insta a registrar denuncias de presuntas agresiones de españolistas" y da a los ciudadanos las claves para "denunciarles ante la Justicia, ejerciendo de asesor jurídico para ellos". Así como que "recorre los pueblos explicando cómo denunciar a quienes retiren lazos amarillos y otras pancartas".
Impulso Ciudadano -asociación que denunció que los Mossos d'Esquadra identificaran a 14 personas por retirar lazos amarillos en el municipio catalán de L'Ametlla de Mar y solicitó a la Fiscalía que investigara a la Consejería de Interior y al propio Torra por instar a la policía catalana a perseguir a quienes retiraran dichos emblemas independentistas por "daños al mobiliario urbano"- sospecha que dicha oficina se creó para hacer lo que la Fiscalía impidió a Torra.
Tras este incidente, la Fiscalía solicitó a los ayuntamientos, concretamente a la Policía Local, así como a los Mossos que se le comunicara los incidentes surgidos tanto por la instalación como por la retirada de lazos amarillos y otro tipo de símbolos independentistas o españolistas. Sin embargo, según denuncia la entidad, el Gobierno de Torra sólo tiene intención de "perseguir y criminalizar a quienes los retiran".