La magistrada Isabel Rodríguez denegó el pasado 15 de noviembre la libertad del exministro y expresidente de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana porque a su parecer, y pese al agravamiento de la leucemia que padece, sigue existiendo riesgo de fuga. "Hospitales hay en todos los países, incluidos los paraísos fiscales", afirma la instructora.
La medida de prisión incondicional en la que Zaplana se encuentra desde mayo se ha acordado "no sólo por la destrucción de pruebas sino también por el riesgo evidente de fuga ante el anuncio de penas elevadas", afirma Rodríguez, que investiga al expolítico por delitos de corrupción relacionados con el supuesto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones, dinero que habría escondido en el extranjero mediante testaferros (en Panamá y Uruguay, entre otros países) y habría sido repatriado a través de Luxemburgo.
A ello alude la jueza en esa resolución, en la que menciona "el dinero que presuntamente [Zaplana] tiene en el extranjero, además de contactos, etc. que le facilitarían dicha huida pese al seguimiento médico que tiene, pues hospitales hay en todos los países, incluidos los paraísos fiscales". El auto también hace referencia a "la libertad de movimientos que hay entre fronteras y desde alguna de ellas la facilidad de ir a otros países fuera de la Unión Europea".
La instructora no cree al exministro cuando afirma que no intervino en las adjudicaciones que se investigan (las ITV y el proyecto eólico de la Comunidad Valenciana). "Uno de los investigados fue director del gabinete de Presidencia del investigado y presidente de la mesa de contratación de las ITV", señala la magistrada, que minusvalora el ofrecimiento de colaboración con la investigación realizado por escrito por Zaplana, autorizando el acceso a sus cuentas y documentos.
"Olvida que dicha autorización no es necesaria para la investigación", responde Rodríguez, "pues el órgano judicial tiene potestad para solicitar las cuentas directamente".
La magistrada cree que Zaplana quiere "dar la imagen" de colaboración "cuando es sabedor de la presunta utilización que ha hecho de personas y sociedades interpuestas para llevar a cabo los delitos que se le imputan".
"No existe la pretendida colaboración", concluye, "pues él es sabedor de la verdad y sigue ocultándolo, lo que es totalmente entendible pues no va aautoincriminarse".