El Supremo acuerda que Rajoy testifique en el juicio al 'procés' pero no acepta a Puigdemont

La Sala Penal del Supremo, que juzgará a 12 de los acusados de promover la independencia unilateral de Cataluña a partir del próximo 5 de febrero, ha acordado que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sea llamado como testigo a la vista oral, tal como reclaman algunos abogados defensores y la acusación popular que ejerce el partido Vox.

Rajoy aparece citado en los escritos de acusación y defensa en relación a varios momentos críticos del 'procés' -como la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución- y también por sus reuniones con el expresidente catalán Carles Puigdemont. El 'procés' será la segunda causa penal en la que Rajoy es llamado como testigo. El 26 de julio de 2017, cuando todavía estaba en La Moncloa, testificó en el caso Gürtel.

En cambio, la Sala no ha accedido a que declare en calidad de testigo Puigdemont, prófugo de la Justicia desde octubre de 2017, cuando huyó a Bélgica. Más que el hecho de que no se encuentre a disposición del tribunal, los magistrados han considerado que su condición de procesado en la misma causa que se juzga es incompatible con una declaración como testigo, esto es, obligado a contestar y a decir la verdad. Las defensas habían pedido la testifical del expresidente catalán por videoconferencia, al igual que la de la exdiputada de ERC Marta Rovira, también prófuga y que tampoco ha sido aceptada como testigo por el tribunal por las mismas razones.

Sí serán citados el exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero, que no está acusado en este procedimiento, así como el autor de la agenda Moleskine en la que se encontraron datos relevantes sobre reuniones de impulso del 'procés', Josep María Jové, que está siendo investigado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

También se ha aceptado la petición de que declaren cargos del Ministerio del Interior que intervinieron para frenar la celebración del referéndum independentista del 1-O, prohibido por el Tribunal Constitucional. Serán llamados a estrados, entre otros, el que en aquel momento era secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Testificará, igualmente, el exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo.

La Sala ha optado por aplicar un criterio generoso respecto a las propuestas de prueba formuladas por las partes, aunque no tanto como para convocar al juicio a personalidades cuyo testimonio no se considera en absoluto necesario, como el rey Felipe o el jefe de la Casa de Su Majestad, Jaime Alfonsín.

Tampoco será llamado el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, cuya presencia en el juicio es reclamada por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y por el presidente de Ómnium Cultura, Jordi Cuixart. El objeto de la petición -el mensaje de Whatsapp relativo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y a la candidatura de Manuel Marchena para presidir el Supremo, lo que el propio magistrado abortó- se considera ajeno a lo que se dilucida en el juicio.

Varios políticos catalanes propuestos por acusaciones y defensas serán citados como testigos, entre ellos el expresidente catalán Artur Mas y los exconsejeros de Puigdemont Neus Munté y Jordi Jané. A petición de las defensas, también declarará el lendakari Íñigo Urkullu, que intermedió entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico antes de la aplicación del artículo 155.

Testificará, asimismo, la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado número 13 de Barcelona, cuyo testimonio se considera relevante por haber vivido en primera persona el asedio a la Consejería de Economía mientras se practicaban unos registros judiciales.

Los acusados podrán hablar en catalán si lo desean, pero no habrá traducción simultánea: sus declaraciones serán traducidas por intérpretes oficiales, como se ha hecho siempre en el Tribunal Supremo. La Sala reservará cierto número de asientos en el salón de plenos para que los familiares de los acusados asistan al juicio.