No sólo fueron espiadas conversaciones del defensor del presidente del Grupo Villar Mir cuando Juan Miguel Villar Mir y el letrado determinaban cuál iba a ser su actuación ante determinadas actuaciones procesales del caso Lezo. Las llamadas que se cruzaron al menos otros cinco letrados con sus clientes, también investigados en ese asunto, fueron igualmente escuchadas y grabadas por los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y remitidas al juez instructor, Manuel García-Castellón, con una reiterada advertencia en mayúsculas: "Conversación que pudiera afectar al derecho de defensa".

El descubrimiento de que en el caso Lezo se han interceptado de forma indiscriminada conversaciones entre defensores e investigados desde finales de 2017 y, al menos, hasta febrero de 2018 se ha puesto de manifiesto cuando el letrado de la Administración de Justicia (LAJ) del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha remitido a la Sala Penal del Supremo la pieza secreta de escuchas que el alto tribunal ha reclamado antes de decidir si admite a trámite la querella presentada el pasado 24 de septiembre por el abogado Carlos Domínguez, abogado de Villar Mir, contra el juez García-Castellón y el propio LAJ.

La Sala Penal ha dado traslado al fiscal de un nuevo escrito del letrado querellante en el que éste pone de manifiesto que "se han intervenido y analizado policialmente, de forma indiscriminada, las conversaciones de todos los investigados con sus letrados, no sólo las mantenidas por esta defensa con su cliente, Juan Miguel Villar Mir".

No se han destruido

La pieza secreta ha puesto de relieve otro hecho: en contra de lo ordenado por el instructor en una resolución dictada el 4 de septiembre de 2018 y de lo afirmado en una diligencia del letrado de Justicia el 30 de julio anterior ("procedo a realizar la destrucción de cualesquiera elementos, grabaciones, textos, oficios o fragmentos en soporte papel o digital que contengan conversaciones entre letrado y cliente"), las transcripciones de las llamadas interceptadas y los informes de la UCO en los que se reproducen y analizan siguen figurando en la pieza.

La Sala ha pedido un nuevo informe a la Fiscalía, que en un inicial dictamen pidió que no se admita a trámite la querella, interpuesta por presuntos delitos de prevaricación, escuchas ilegales, retardo malicioso en la administración de justicia y falsedad e infidelidad en la custodia de documentos.

El empresario Villar Mir y varios exdirectivos del grupo constructor están siendo investigados en unas diligencias del caso Lezo que tratan de determinar quién ordenó realizar una transferencia de 1,6 millones de euros desde dos empresas mexicanas vinculadas a OHL a una cuenta corriente en Suiza de la que era titular el empresario Adrián de la Joya, el 3 de diciembre de 2007. Los investigadores sospechan que se trataba del pago de una comisión a cambio de que se adjudicara a OHL la construcción de la linea ferroviaria Móstoles-Navalcarnero, aunque De la Joya ha declarado que se quedó con el dinero por unas deudas que OHL tenía con él. La adjudicación, por lo demás, fue ruinosa para OHL.

Las conversaciones interceptadas a los investigados y sus defensores aluden profusamente a esa transferencia y a quién pudo ordenarla.

Así, el 19 de diciembre de 2017, la UCO intervino una conversación entre Rafael Martín de Nicolás, exdirector del Departamento de Construcción de OHL, y uno de sus abogados, Andrés Abadei, en la que éste le comenta que "Manuel [abogado de Felicísimo Ramos, directivo de OHL que hizo la transferencia a Suiza] me ha dicho que Felicísimo manifiesta que la persona que realmente le dio la orden fue Tomás Madrid", exconsejero delegado de OHL.

Además de Abadie ha sido escuchados Javier Sánchez-Junco, codefensor de Martín de Nicolás; Manuel Álvarez, abogado de Felicísimo Ramos, y Jaime Alonso y Mar Pedraza, abogados de Tomás García Madrid. Sobre ninguno de estos abogados pesaba sospecha delictiva alguna.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que "todas" las comunicaciones entre un investigado y su abogado son confidenciales, de modo que si se captan en el curso de una interceptación judicialmente acordada "el juez ordenará su eliminación".

La única excepción es que "se constate" la existencia de indicios de que el abogado ha participado en el hecho delictivo investigado o en otra infracción penal. Pero ello no ha sido ni siquiera insinuado por los investigadores en relación a estos letrados del caso Lezo.

En las grabaciones interceptadas se escucha al abogado de Tomás García Madrid recomendarle que no declare ante la UCO con ocasión de una citación que ha recibido. El investigado le contesta que prefiere declarar y comenta a su defensor que "lo que puede haber pasado es que haya dicho Félix Ramos que yo le he dado instrucciones [para transferir el dinero a Suiza], lo cual es absolutamente imposible, vamos. Yo jamás he sido superior ni he dado instrucciones a Félix".

El abogado de Félix Ramos, por su parte, tranquiliza en una conversación telefónica a su cliente en relación con una citación realizada por la UCO para tomarle las huellas dactilares. La diligencia estaba relacionada con un documento intervenido en un registro en el que aparecía el número de cuenta y el banco suizo al que se transfirió el dinero. "El tema de las huellas", le dice el letrado a Ramos, "a ver si sale quién ha sido porque tengo muy claro que tu no eres".