A las 10.00 horas de este martes comienza ante la Sala Penal del Tribunal Supremo el juicio a 12 políticos catalanes acusados de delitos de rebelión o sedición, malversación de fondos, desobediencia y organización criminal por promover la independencia unilateral de Cataluña en octubre de 2017.
El juicio, en cifras
En el banquillo, el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras; los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa. Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santiago Vila; la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y los líderes sociales Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Sus defensores tienen este martes la última oportunidad de parar el juicio. Alegarán para ello que el proceso es nulo porque se ha vulnerado un amplio catálogo de derechos fundamentales: a ser juzgados por un tribunal imparcial, a la libertad ideológica y de expresión, el derecho de reunión y a desempeñar cargos públicos sin perturbaciones indebidas, el derecho a no ser considerados culpables y a la defensa.
La pretendida vulneración del derecho de defensa será también el anclaje de la petición de suspensión de la vista porque las pruebas documentales aceptadas por la Sala no han llegado aún. La suspensión por ese motivo es altamente improbable: los documentos tendrán que utilizarse en la fase probatoria para la que se han solicitado, que se llevará a cabo después de la comparecencia de los 590 testigos citados. Queda, pues, tiempo para incorporarlos.
Se da por descontada la reiteración de las alegaciones sobre la existencia de una "causa general" contra los acusados, sometidos a un "juicio político" contra el "derecho a decidir". El fiscal de Sala Javier Zaragoza intervendrá en nombre de la acusación pública para rebatir esos argumentos.
Zaragoza, exfiscal jefe antidroga y exfiscal jefe de la Audiencia Nacional, es el más fajado de los cuatro representantes del Ministerio Público en juicios conflictivos y de alta exposición mediática.
Además de Zaragoza está previsto que intervenga el fiscal de Sala Fidel Cadena para contestar las cuestiones de carácter más técnico.
La decisión sobre los lazos amarillos
La traducción del catalán si ésta es finalmente la lengua que elegirán los acusados para declarar es también objeto de controversia. Las defensas pretenden que se utilice un sistema de traducción simultánea que obligaría a los magistrados a seguir las declaraciones con auriculares. No es previsible que se acepte. De acuerdo con la normativa legal y conforme se ha hecho en todos los casos precedentes, está preparado un equipo de intérpretes que irán traduciendo las declaraciones de los acusados que no quieran expresarse en castellano, lengua que sí han utilizado a lo largo de la instrucción.
En lo que la Sala no tendrá problema alguno es en el uso de lazos amarillos tanto por los acusados como por el público que desee exhibir este símbolo de apoyo a unos pretendidos "presos políticos". La excepción serán los letrados, sometidos a la normativa que regula su indumentaria en los actos jurisdiccionales.
Los magistrados están decididos a garantizar el máximo nivel aceptable de libertad de expresión y no restringirán los lazos amarillos salvo que ello sea motivo de alteraciones del orden en el salón de plenos (por ejemplo, si causa enfrentamientos con el público que opte por símbolos distintos, como la bandera de España).