Un año y nueve meses después de que ingresara en prisión preventiva y con una docena de peticiones de libertad presentadas y rechazadas, el expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, se sienta en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional a partir de este lunes. 

La Fiscalía pide para él 11 años de prisión por los presuntos delitos de blanqueo de capitales continuado (seis años) y organización criminal para cometer delitos graves (cinco años) además de una multa de 59 millones de euros. 

El motivo: haberse repartido 14,9 millones de euros (para él habrían sido 6,6 millones) de comisiones presuntamente ilícitas con su amigo, el abogado Joan Besolí, procedentes de un contrato de los derechos audiovisuales de 24 partidos entre la Selección de Fútbol Brasileña (CBF) y una empresa árabe (International Sports Events) con sede en las islas Caimán, lavar presuntamente el dinero e introducirlo en España cinco años más tarde simulando, según la investigación, una venta de una sociedad suya. 

Besolí también lleva en prisión desde que ambos fueron detenidos. La Audiencia Nacional siempre ha visto riesgo de fuga en el caso de ambos, a pesar de que Besolí ha argumentado razones personales de peso (tiene un hijo paralítico) para abandonar la prisión preventiva. 

"Me han robado la vida"

Los últimos días previos al juicio, el expresidente del Barcelona ha concedido dos entrevistas a la radio catalana RAC1 y al diario deportivo Sport. En ambas ha lamentado que la Justicia le haya "robado la vida" puesto que en el tiempo que lleva en prisión preventiva -primero en la cárcel madrileña de Soto del Real y después en Brians2- una de sus hijas ha cumplido 18 años, han pasado 25 años desde que lleva casado o ha empeorado la salud de sus padres, ya ancianos y él "no ha podido verles".

Pero lo que realmente ha aplastado al expresidente del Barca y potente empresario barcelonés ha sido su papel de intermediario en el controvertido contrato de 15 millones de euros firmado en Brasil en 2005 entre el presidente de la Confederación Brasileña, el también investigado Ricardo Teixeira, y la empresa árabe International Sports Events (ISE). 

¿Por qué encuentra la Justicia el rastro de los beneficios de dicho contrato en un entramado de sociedades de Andorra? Según la investigación de la jueza Lamela, Rosell firma en 2006 el contrato con Teixeira a través de su sociedad Uptrend, radicada en Nueva Jersey, por un valor de 8,4 millones de euros. Los ingresos de dicho contrato se producen en Barcelona y Andorra. Cuatro años después, Rosell y su mujer reciben transferencias por valor de 6,5 millones de euros de una sociedad suiza, Kentaro, y una árabe. Poco después, Rosell declara a la Agencia Tributaria la venta de su empresa Bonus Sport Marketing a una empresa libanesa por un importe de 6,5 millones de euros.

Precisamente serán esos controvertidos movimientos los que tendrá que explicar a la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a la que se enfrenta desde este lunes. 

Su defensa

Su defensa argumenta que la comisión cobrada por Rosell no fue ilícita puesto que la Federación Brasileña de Fútbol (CBF) no es una entidad privada, no sufrió perjuicio alguno e incluso dobló sus beneficios gracias a la intermediación de Sandro Rosell. 

Para negar la existencia de actividad delictiva, también argumentan que para haberse dado un delito de corrupción entre particulares, tendría que haber sido el presidente de la Federeación Brasileña, Teixeira, y no Rosell, quien cobrara comisiones de la empresa árabe ISE y no fue así, según aseguran declaró uno de sus directivos en sede judicial.

En cuanto al presunto lavado de dinero, los abogados de Rosell defienden que "se ha acreditado la inexistencia de dinero en el extranjero pero por parte del juzgado se sigue presumiendo su existencia sin presentar una prueba de ello". Recuerda también su equipo legal que aunque en el procedimiento "se le reclaman 15 millones de euros (en concepto por el perjuicio sufrido por la CBF, aunque ésta dice no ser perjudicada) pero el valor de los bienes que se le han embargado asciende a 33 millones de euros", según aseguran.