La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que acusa a Josep Lluis Trapero de un delito de rebelión y pide para él 11 de años de prisión, resta importancia a la revelación del mayor de los Mossos d'Esquadra el pasado jueves en el Tribunal Supremo, donde afirmó que el Cuerpo catalán tenía preparado un plan para detener al expresidente catalán Carles Puigdemont y al resto de consejeros dos días antes de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

Para el Ministerio Público esas palabras no cambian nada su petición de pena para Trapero puesto que "los hechos por los que se le juzga no han cambiado en nada". Fuentes fiscales sostienen que la actuación de los Mossos y de Trapero como responsable del Cuerpo los días 20 y 21 de septiembre y el 1 de octubre no sólo fueron en contra de las órdenes judiciales sino que obedecieron a órdenes políticas. 

Por eso, a pesar de que las palabras de Trapero en el Tribunal Supremo se entendieron como una estrategia de defensa para su propia causa abierta en la Audiencia Nacional, la principal acusación les resta importancia y lo ven como una "carambola" de última hora: "¿De qué sirve que tuviera un dispositivo preparado a finales de octubre si no impidieron el referéndum? ¿Si permitieron que se ocuparan los colegios electorales de cara al referéndum del 1 de octubre?" se preguntan las mencionadas fuentes. 

Sorpresa de última hora

En sus declaraciones como investigado en la Audiencia Nacional, Trapero no se refirió en ningún momento a dicho dispositivo para detener a Puigdemont y al resto de consejeros por la "apariencia de ilegalidad de la DUI", como él mismo afirmó en el Supremo. 

Sí sostuvo en sus declaraciones como imputado, igual que hizo el pasado jueves como testigo, que se había puesto al servicio de la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que los Mossos respetarían la Constitución, aunque "no lo hizo de manera tan contundente", como recuerdan desde la Fiscalía.

Sin embargo, el mayor de los Mossos tenía guardada una última baza que por un lado se ha interpretado como una estrategia para su propia defensa y en los círculos independentistas como una prueba de que no hubo delito de rebelión puesto que los políticos soberanistas no tenían un cuerpo policial a su disposición. 

Independientemente de la credibilidad que los magistrados que juzgan el procés den a las palabras de Trapero, la acusación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional no cambiará un ápice por su declaración en el Tribunal Supremo.

Aseguran que mantendrán su acusación y la petición de 11 años de prisión para Trapero porque, como ya presentaron en su escrito de conclusiones provisionales, consideran que "el auxilio y la colaboración de los Mossos d'Esquadra fue determinante para la celebración del referéndum y la producción de los graves sucesos que finalmente acaecieron, pues lejos de cumplir el mandato judicial al que venían inexcusablemente obligados por imperativo legal optaron por sujetarse a las directrices de los responsables políticos de la Generalitat, poniendo a disposición de los mismos y de sus ilegales propósitos secesionistas todo el poder coactivo que representaba un cuerpo policial armado y muy numeroso (unos 17.000 miembros aproximadamente)".