El teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, responsable de la investigación sobre el proceso soberanista catalán que ha llevado a los tribunales al exGovern de Puigdemont, sigue en el punto de mira de los encausados. Dos de los procesados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por su presunta implicación en la organización del referéndum ilegal del 1-O insisten en reclamar a la instructora, Alejandra Gil, que averigüe si Baena está detrás de mensajes de sesgo antiindependentista difundidos en las redes sociales mientras se desarrollaban las investigaciones policiales.
La defensa de Oriol Junqueras y Raül Romeva pidió lo mismo al Tribunal Supremo el pasado enero, atribuyendo a Baena tuits aparecidos en la cuenta @nmaquiavelo1984, con el seudónimo de Tácito: "#sedición: impedir a un funcionario público el ejercicio de sus funciones... aunque sea con flores" (19 de septiembre de 2017, cuando se produjo el registro en Unipost en el que la Guardia Civil encontró ingente material destinado al 1-O), "ponga las urnas en el suelo. Lentamente. Las manos detrás de la cabeza. Sin movimientos bruscos. Gire" (20 de septiembre de 2017), "actuación propia de estructuras de crimen organizado al saberse investigadas" (30 de octubre de 2017, fecha de la huida de Puigdemont y varios exconsejeros a Bélgica).
"No es objeto de esta causa investigar lo que la defensa denomina 'indebida actuación' de un teniente coronel de la Guardia Civil", contestó el Supremo, que rechazó oficiar a Twitter para que enviase los datos personales asociados a la cuenta @nmaquiavelo 1984 (ya cerrada) e investigar la IP utilizada para la emisión de los tuits. "Un previo filtro telemático acerca de los planteamientos ideológicos de los responsables y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad -estatales y autonómicos- no puede operar como presupuesto de validez de los actos de investigación que, por propia iniciativa o por orden judicial, lleven a cabo", añadió el Alto Tribunal.
Cuando Baena declaró como testigo en el juicio al 'procés', el 26 de marzo, las primeras preguntas de la defensa de Junqueras fueron acerca de si la cuenta Tácito era suya. "Yo tenía una cuenta personal y seguía a la de Tácito. Una información periodística me asoció a esa cuenta pero está desmentido. No soy propietario ni he usado esa cuenta", aseguró el mando de la Guardia Civil.
Cegada la vía del Supremo, la ofensiva contra Baena continúa en el Juzgado 13 de Barcelona. Josep Ginesta y Josué Sallent han pedido ya tres veces a la instructora que investigue la cuenta Tácito. "Una línea ideológica como la que se desprende de los tuits puede poner en tela de juicio, en caso de que Tácito sea el teniente coronel Baena, el espíritu con el que se han redactado los más de sesenta atestados supervisados y firmados por él", sostienen.
Los tuits, la investigación y la ideología
Con el apoyo de la fiscal y de la abogada del Estado, Gil rechazó el 8 de abril las diligencias propuestas para hacer averiguaciones sobre la cuenta de Twitter. "Esas diligencias no son útiles para la investigación", ha indicado la instructora.
"Es irrelevante para la presente causa si el usuario de determinadas cuentas es la máximo responsable de la Guardia Civil encargado de la investigación. La validez de su actuación profesional elaborando atestados e informes y coordinando una investigación (que, no hay que olvidar, viene dirigida por un Juzgado instructor) no depende de la ideología que pueda tener", añade la jueza, que también reproduce los argumentos dados por el Tribunal Supremo a la defensa de Junqueras.
Ginesta ha recurrido ahora la decisión de la instructora, insistiendo en la práctica de las diligencias de identificación de la cuenta. De forma subsidiaria, el procesado ha pedido que Baena sea citado a declarar "para que las defensas puedan esclarecer las dudas surgidas respecto de su parcialidad en la instrucción policial de estas actuaciones".
El abogado de Ginesta, Ramón Setó, discrepa de que "no sea presupuesto de validez de la investigación los planteamientos ideológicos de la policía actuante". "Cuando la defensa cuestiona la credibilidad de las investigaciones dada la ideología de los instructores, los jueces nacionales han de dar una respuesta adecuada a esas dudas, especialmente teniendo en consideración que estas objeciones tienen capacidad de influencia en la evaluación de los hechos y, aún más, en el resultado del juicio", sostiene citando el caso Mammadov contra Azerbaijan del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (un supuesto, no obstante, de torturas).
Delito de malversación por el 1-O
"Parece que se quiera proteger la identidad de Tácito o, lo que es lo mismo, la investigación policial realizada por Daniel Baena, a fin de asegurar una sentencia condenatoria", llega a decir.
Tanto Josep Ginesta, secretario general del Departamento de Trabajo, como Josué Sallent (exdirector de estrategia e innovación del CTTI, el centro de telecomunicaciones de la Generalitat) están procesados desde el 4 de abril por un presunto delito de malversación de fondos públicos.
Ginesta "coordinó y encargó la producción de un evolutivo sobre la aplicación conéctate al voluntariado" para captar colaboradores para el referéndum del 1-O, según el auto de procesamiento. Habría sido el generador de un archivo en el que se hallaron las comunicaciones a los miembros de las meses electorales.
Por su parte, Sallent habría tenido una participación clave en el desarrollo de las aplicaciones informáticas para la votación del 1-O. "Su papel fue esencial en la página web referendum.cat y en el sistema de alta de voluntarios", afirma el auto, que también le identifica como el gestor del software del sistema de encuestas y bases de datos del registro de catalanes en el exterior.