La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito sobre la primera pieza del caso Lezo que quiere llevar a juicio oral: la relativa a la compra de la sociedad colombiana Inassa por el Canal de Isabel II en 2001. La acusación pública considera terminada la investigación de este asunto y ha pedido al juez instructor, Manuel García-Castellón, que dicte el llamado auto de transformación para la imputación formal y posterior enjuiciamiento de 22 investigados que intervinieron en una operación en la que Anticorrupción considera que pudo haber un delito de malversación de caudales públicos.
Entre ellos no estará el expresidente de la Comunidad de Madrid (CAM) Alberto Ruiz-Gallardón, que declaró como investigado en la Audiencia Nacional el 7 de junio de 2018 defendiendo la legalidad de la compraventa de Inassa y negando conocer el cobro de comisiones.
La investigación no ha arrojado resultados claros de que el Consejo de Gobierno de la CAM presidido por Ruiz-Gallardón autorizara la compra de Inassa a sabiendas de que se iba a utilizar una sociedad interpuesta residenciada en un paraíso fiscal y que se iba a pagar un sobreprecio perjudicial para los intereses del Canal de Isabel II, una empresa pública dependiente en su mayoría de la Comunidad de Madrid.
Alberto Ruiz-Gallardón atiende a los medios de comunicación
Canal de Isabel II compró, a través de Canal Extensia S.A., el 75% de la sociedad Interamericana Aguas y Servicios (Inassa) en diciembre de 2001 por 73 millones de dólares. El 25% restante fue adquirido por Técnicas Valencianas del Agua S.A. (Tecvasa).
La operación excedió de la autorización dada por el Consejo de Gobierno de la CAM y el consejo de administración del Canal de Isabel II ya que también se compró el 51% de una sociedad dominicana llamada Watco. Además, no se hizo de forma directa: lo que se adquirió fue el 100% de la mercantil panameña Sociedad de Aguas de América (SAA), a su vez propietaria de Inassa y Watco.
Detrás de SAA había un conglomerado de sociedades panameñas, uruguayas y españolas con intereses en Inassa y en Tecvasa, de forma que, según el Ministerio Público, las mismas personas actuaron como vendedores, compradores y gestores de Inassa en perjuicio de los intereses del Canal de Isabel II.
Anticorrupción pide que el auto de transformación incluya a Arturo Canalda, que fue director gerente del Canal y luego Defensor del Menor de la CAM y presidente de la Cámara de Cuentas, cargo del que dimitió por su condición de investigado en el caso Lezo. La Fiscalía sostiene que Canalda y otros responsables del Canal negociaron la adquisición de Inassa antes de tener la autorización del consejo de administración.
También pide la imputación formal de quien fue brazo derecho de Ruiz-Gallardón, Juan Bravo, que fue consejero de Hacienda en el Gobierno regional. También la del expresidente del Canal Pedro Calvo. El resto de investigados contra los que Anticorrupción quiere dirigir la acusación son Francisco Olmos Fernández-Corugedo, Francisco Javier Vilaplana Oliva, Esteban Palacios Ortega, Ángel Conde Álvarez, Santiago García Benavides, José Antonio de Cachavera Sánchez, Juan Pablo López Heras, Ignacio López Galiacho Perona, Juan Mª del Álamo Jiménez, Fernando Autrán Pérez, Francisco Díaz Latorre, Adriano García-Loygorri Ruíz, José Manuel Herrero Sanz, José Antonio Llanos Blasco, Roberto Molero Gómez-Elegido, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos Cuenca, Miguel Ángel Saldaña Egido y Roberto Sanz Pinacho.