Pedro Pérez (Santa Cruz de Tenerife, 49 años) no puede ducharse ni vestirse solo. Es incapaz de pasar muchas horas de pie, tampoco sentado, ni tumbado. El dolor físico que sufre en la cadera y la pierna es intenso, pero más aún la sensación de impotencia a la que se enfrenta cada día. "Dependo de otra persona, mi mujer, para todo. A veces pago injustamente el mal humor con ella o con quienes me rodean", lamenta en conversación con EL ESPAÑOL.
Es uno de los 1.471 afectados en España de las denominadas prótesis Depuy ASR XL, los implantes de cadera defectuosos distribuidos por la farmacéutica estadounidense Johnson&Johnson que se colocaron en 70 hospitales de nuestro país hasta 2010, un año después de que se prohibieran y retiraran de Estados Unidos y Australia. La compañía sabía desde 2005 que podían provocar problemas de salud, según la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional.
El abogado barcelonés Emilio Ortiz presentó una querella en julio de 2017 contra los responsables de la compañía en representación de 64 afectados de casi todas las comunidades excepto Aragón, Cantabria, La Rioja, Ceuta y Melilla. También contra la Agencia Española del Medicamento como responsable civil subsidiaria por la falta de control.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 comenzó a investigar los hechos y acaba de levantar el secreto de las actuaciones. Cuando arrancó la instrucción citó a tres expresidentes de la compañía: Enrique Álvarez, Margarida de las Nieves y Ángel Ignacio Cano, así como al representante legal Pablo Arias, que se negaron a declarar por no haber podido acceder a la información del sumario. Volverán a acudir al juzgado próximamente.
"Me han desgraciado"
Los problemas provocados por las prótesis en los pacientes han sido diversos. Pedro es uno de los que se ha llevado la peor parte. Se cayó de un andamio a 20 metros de altura mientras trabajaba en 2008 y, años después, comenzó a sufrir artrosis. Esperaba que sus problemas acabarían cuando le pusieran uno de aquellos implantes de cadera que entonces parecían novedosos y fiables. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario.
En mayo de 2010 (sólo cinco meses antes de que las prohibieran en Europa) le implantaron la prótesis en la clínica privada Hospitén Norte de Santa Cruz de Tenerife, a donde le derivó la Seguridad Social. "En 2016 empecé a hincharme, a retener muchos líquidos. Se me hinchaban los brazos, las piernas, los pies...Aumenté un montón de peso y tenía muchísimo sueño, me quedaba dormido en cualquier lado. La prótesis, que era de metal, iba desprendiendo cromo y cobalto que me llegaron a la sangre y aquello era como veneno", explica.
Le operaron, retiraron la prótesis defectuosa y cuando la analizaron descubrieron que tenía pequeños tumores alrededor. "Esta operación fue un miércoles, el médico no quedó contento y la repitieron el viernes de la misma semana poniéndome unos anclajes. Comencé una rehabilitación y aún así no podía caminar. A los dos meses me hicieron una tercera operación y otra vez rehabilitación. Desde entonces, vivo con fuertes dolores, tomo hasta 20 pastillas al día. Me han dado de todo: opiáceos, morfina, y ni con esas aguanto el dolor. La morfina no la puedo beber, tampoco me la puedo poner en parches porque me hacen el efecto contrario. Tengo que pincharme en las piernas, en las nalgas...ya no puedo ponerme más pinchazos porque tengo la piel hecha un desastre" cuenta con resignación. "Me han destrozado la vida".
Ahora, tendrá que someterse a una cuarta operación en el Hospital Universitario de Canarias en la que le implantarán una macroprótesis que incluye un fémur artificial. Y el médico no puede asegurarle que quede bien.
"Que vayan a la cárcel"
Pedro tiene la esperanza de que la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional contra los responsables de la compañía y el ingeniero que diseñó las prótesis sirva para depurar responsabilidades: "Pido que se haga justicia, que la paguen y si tienen que ir a la cárcel, que vayan. Lo que quiero es que no vuelva a ocurrir algo así".
En todo el mundo, se estima que ha se implantaron hasta 93.000 prótesis de este tipo. Los pacientes que sufrieron sus efectos en España, como Pedro, llevan 11 años litigando en distintos juzgados provinciales con sentencias a favor y en contra. Entre las pruebas de los defectos de los implantes, han presentado una pericial de la Universidad Politécnica de Cataluña o un documento en el que Johnson&Johnson reconocía ante la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), antes de 2005, que se trataban de "productos defectuosos que podrían afectar al rendimiento del producto y provocar problemas de salud".