A punto de cumplirse tres años del comienzo de la causa en la que sigue teniendo la condición de investigado, el presidente del Grupo Villar Mir, Juan Miguel Villar Mir, considera que "es hora de aclarar" quiénes le implicaron "falsamente" en el caso Lezo.
El empresario acaba de pedir el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del procedimiento, que cite a declarar a los oficiales de la UCO, la unidad de la Guardia Civil encargada de la investigación, para que "identifiquen plenamente" a las dos fuentes que les aseguraron que en septiembre de 2007 Villar Mir pagó, mediante un cheque por importe de 1,4 millones de euros, una comisión ilegal a Ignacio González, entonces vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, a cambio de que OHL resultara adjudicataria de la construcción y gestión del tren Móstoles-Nalvarcarnero.
"En fechas recientes una fuente que desea permanecer en el anonimato y no presentar denuncia informó a esta Unidad del presunto pago de una comisión ilegal al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, con motivo de la adjudicación del contrato para la construcción y posterior concesión de la línea de ferrocarril entre Móstoles y Navalcarnero en el año 2007 a la empresa OHL", indicaba el oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que dio origen al procedimiento en julio de 2016.
La UCO añadía que la fuente había aportado un "documento digital" con el número de una cuenta perteneciente al Anglo Irish Bank de Ginebra (Suiza) en la que se había ingresado ese cheque. La misma fuente anónima añadía que Villar Mir "se contrarió al verse obligado a pagar la comisión y se interesó por el destino de ese dinero rastreando el cheque".
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El Juzgado envió una comisión rogatoria a Suiza que no dio resultado porque el código bancario aportado no era suficiente. Entonces apareció una segunda fuente que también "desea permanecer en el anonimato" -dijo la UCO- completando la numeración de la cuenta suiza.
De la Joya se quedó el dinero
La investigación puso de manifiesto que la cuenta suiza -perteneciente al empresario Adrián de la Joya- no había ingresado cheque alguno sino que había recibido desde OHL México dos transferencias de las que informó a la Audiencia Nacional la propia mercantil en mayo de 2017.
OHL comunicó al juez que había identificado dos transferencias "que no coinciden exactamente con la supuesta transferencia referida, pero que sí están dirigidas a una sociedad llamada Lauryn Group Inc., domiciliada en Panamá, y a una cuenta en el Anglo Irish Bank, en Suiza (...) por un importe total de 2,5 millones de dólares en noviembre de 2017", equivalente a 1,6 millones de euros.
De la Joya declaró, por su parte, que se había quedado con ese dinero que le fue enviado por Javier López Madrid -lo que éste negó- para cubrir unos supuestos gastos de un negocio común de minas que tenían en África.
"La imputación de Villar Mir se ha hecho descansar en la denuncia formulada por dos fuentes, que apuntan a que aquél procedió a la entrega de un cheque para el pago de una comisión ilícita", recuerda el escrito dirigido por la defensa al Juzgado, "siendo que, a estas alturas de la instrucción, el hecho imputado se ha revelado como una acusación no ajustada a la realidad o, siendo más precisos, incierta".
La defensa subraya que la ley obliga a documentar las declaraciones de los denunciantes "y exige su identificación" para que puedan responder de sus imputaciones, para que pueda comprobarse que las pruebas que aportan se han obtenido de manera lícita y porque "no se puede aceptar la realización de investigaciones prospectivas sobre las personas sin base objetiva".
La adjudicación
El escrito también sostiene que, tras casi tres años de investigación, "ninguna irregularidad" se ha puesto de manifiesto en la adjudicación a OHL del contrato del tren de Navalcarnero.
El expediente de contratación, que fue incorporado al procedimiento hace ya un año, pone de manifiesto que el 70% de la puntuación obtenida por la oferta de OHL respondió a la valoración de los criterios económico-financieros (que son objetivos), mientras que el 30% se debió a la valoración subjetiva de criterios referidos a la oferta técnica.
La defensa afirma que, incluso si se hubiera asignado a OHL la peor puntuación en los criterios subjetivos, el resultado final no hubiera variado porque habría obtenido más puntuación que la siguiente oferta, que fue la de Sacyr. Ello se debe a que OHL fue la única licitadora que renunció a la banda mínima de ingresos en la explotación de la línea.
La adjudicación no fue impugnada por ningún competidor ni la CAM ha puesto en cuestión su corrección.
"En suma", señala la defensa, "no hay cheque ni se conocen las irregularidades que se achacan al contrato" por dos fuentes anónimas que dieron origen al procedimiento. "Es hora, por tanto, de aclarar estas imputaciones", concluye.