La exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha declarado como testigo en el juicio de los ordenadores de Bárcenas, y se ha desvinculado de la decisión de destruir los discos duros de los ordenadores del extesorero del PP con información sobre la caja B de la formación, que se sienta en el banquillo de los acusados como persona jurídica por dos presuntos delitos de daños informáticos. 

"No di la orden de destruir ni esos ordenadores ni ningunos otros", ha afirmado la exdirigente del PP, que tampoco ha sabido explicar, a preguntas de las acusaciones, por qué el partido decidió borrar el contenido de los ordenadores del extesorero casi cuatro años después de que éste fuera despedido. "Mis preocupaciones diarias eran otras", ha afirmado Cospedal. 

El Partido Popular ha defendido durante el juicio, representado por la abogada María Massó, que la destrucción de los discos duros se hizo respondiendo a un protocolo aplicado tras una auditoría externa para respetar la Ley de Protección de Datos. También que dichos ordenadores eran propiedad del PP y no del extesorero Bárcenas, una versión que Cospedal también ha sostenido frente a Bárcenas, al que ha acusado de tener "la mala costumbre de dimitir, todo es una gran mentira", ha dicho sobre la destrucción de los ordenadores. 

Sin embargo, Bárcenas asegura que él mismo compró los ordenadores y que éstos contenían información sobre la financiación irregular del PP que nunca se entregaron en órganos judiciales.

Los hechos juzgados

En el banquillo de los acusados, además del Partido Popular como persona jurídica representado por la abogada María Massó, del despacho Baker & McKenzie, se sientan Carmen Navarro, tesorera del PP en 2013, Alberto Durán, responsable jurídico del partido, y José Manuel Moreno, responsable informático. Las acusaciones populares, ejercidas por Izquierda Unida, la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE) y el Observatori Desc, piden penas de hasta 4 años y 6 meses de prisión por dos delitos de daños informáticos y uno de encubrimiento. IU solicita una multa de casi 11 millones de euros para el Partido Popular "atendiendo a la gravedad del resultado producido y a la especial afectación sufrida por los intereses generales a consecuencia de los delitos descritos. 

El juicio comenzó el pasado 14 de junio y el Partido Popular no logró su objetivo, que era salir del banquillo de los acusados como persona jurídica ciñéndose a la denominada doctrina Botín, por la que una acusación popular no puede sostener un proceso si decaen la acusación particular y la de la Fiscalía y los hechos juzgados no afecta al interés general.

Finalmente, el magistrado Eduardo Muñoz de Baena decidió dejar la decisión de si corresponde o no aplicar la denominada doctrina Botín al momento de la sentencia y decidió continuar con el juicio con el PP en el banquillo de los acusados. La Fiscalía, aunque no acusa al PP y solicitó el archivo de la causa, sí que considera que la acusación popular está legitimada, puesto que considera que en el delito de encubrimiento se vulnera un bien jurídico protegido, el del buen funcionamiento de la Justicia, por lo que la acusación popular sí estaría justificada atendiendo al punto número 5 del artículo 20 del Código Penal como una de las excepciones del artículo 782.1 de la Lecrim.