Las piezas del Rajoy-gate encajan: del borrado de ordenadores a la 'Kitchen', todo para proteger al jefe

Pasan los años, pasan los juicios contra el Partido Popular y el círculo se va cerrando. La formación de Mariano Rajoy, al frente del Gobierno central con mayoría absoluta desde 2011 hasta 2018, habría cruzado todas las líneas rojas para evitar que saliera a la luz el secreto que podía hundirle: su financiación irregular durante más de dos décadas.

Con ese fin, miembros del Consejo de Ministros habrían orquestado una serie de acciones clandestinas e ilegales poniendo al servicio de los intereses del PP la Inteligencia de la Policía. Convirtieron así el remedio en un arma de mayor riesgo que la enfermedad, que en aquél caso era la corrupción del partido que podía hacerse pública. El núcleo duro del Partido Popular en el Gobierno se sintió tan impune como Richard Nixon en 1972 quien, cegado por derrumbar al Partido Demócrata, permitió chapuzas de espionaje por parte de los servicios de Inteligencia estadounidenses que acabaron destapando el caso Watergate y condujeron a su dimisión.

Los populares, igual que el expresidente estadounidense, se dejaron llevar por la máxima de que el fin (salvar al 'soldado Rajoy') justificaba los medios y pusieron en marcha una serie de maniobras que, según los últimos avances de la investigación de la operación Kitchen en la Audiencia Nacional, también suponen un escándalo muy español.

Las piezas del puzle

El plan del círculo más cercano de Rajoy incluyó la destrucción de dos ordenadores del extesorero que contenían las pruebas de esa financiación irregular, sus agendas personales y el listado de visitas que recibía en la sede de Génova, como ha quedado claro durante el juicio del caso de los ordenadores que se ha celebrado esta semana en los juzgados de lo Penal de Madrid.

Pero también habrían puesto en marcha un dispositivo "parapolicial" para asaltar, presuntamente, un estudio utilizado por la mujer de Bárcenas para robar documentos que el extesorero guardaba allí; habrían puesto un sueldo de 2.000 euros al mes a su chófer para que hiciera un seguimiento al matrimonio e informara de todos sus movimientos, e incluso habrían metido a un falso cura en su casa para que maniatara a los familiares de Bárcenas y facilitara la búsqueda de información, según investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón. A todo este dispositivo, en el que intervinieron los comisarios ahora investigados José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, se le denomina operación Kitchen.

Pero, ¿por qué se arriesgó tanto el PP? ¿Qué información tan importante guardaba Bárcenas para querer recuperarla a toda costa? Probablemente, cualquiera que implicara directamente a Rajoy. El extesorero afirmó este jueves en el Juzgado de lo Penal 31 de Madrid sobre las cajas de su despacho de Génova que fue desvalijado: "Las ha abierto el comisario 'El Gordo', Villarejo, las ha abierto todo el mundo, pero yo no se si falta algo".

Bárcenas vio una relación directa entre la destrucción de sus ordenadores, de sus agendas con las anotaciones de las reuniones que mantenía en la sede central del Partido Popular y del libro del registro de entradas a ésta por parte del PP con los hechos investigados ahora en la 'Kitchen': "Si lo hubiera sabido antes, no habría retirado la acusación en el caso de los ordenadores", afirmó. 

El periodista y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, que declaró como testigo en el juicio, también aportó un dato relevante que ayuda a encajar las piezas de todo el despliegue del PP para salvar a toda costa a su presidente según entienden las acusaciones, así lo han trasladado a este medio.

Ramírez afirmó que la conversación de tres horas que mantuvo con Bárcenas el verano de 2013 y publicada en el diario El Mundo -en la que éste reconocía que guardaba las pruebas de la operativa utilizada por el PP para financiarse ilegalmente así como los soportes documentales- iba a publicarse inicialmente el día 31 de junio. Finalmente, se publicó el 7 de julio. Entre ambas fechas, el PP destruyó los discos duros de los dos portátiles de Bárcenas. 

Para las acusaciones populares ésta sería una prueba más de que el PP ya había desplegado un dispositivo policial de espionaje alrededor de Bárcenas y que conocía cuál sería el contenido de dicha entrevista. Pedro J. Ramírez, que también afirmó que por esas fechas se sintió vigilado por un operativo policial, tuvo que declarar tras entrevistar a Bárcenas como testigo ante el instructor de la investigación sobre la caja B, Pablo Ruz, que requirió posteriormente al PP los dos portátiles de Bárcenas. Para entonces, ya se habían rallado y formateado 35 veces los discos duros de éstos. Un procedimiento para "cumplir con la ley de Protección de Datos" recomendado por un auditor externo, según el PP.