La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de prisión de entre 6 y 7 años para los investigados por la compra de Inassa desde la empresa pública Canal de Isabel II en 2001 con un presunto sobrecoste de entre 23 y 35 millones de dólares.
Entre los acusados para los que el Ministerio Público solicita las penas más altas por un delito de malversación de caudales públicos se encuentran los colaboradores más estrechos de Alberto Ruiz-Gallardón en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es el caso de Juan Bravo, que fue consejero de Hacienda, el expresidente del Canal y exconsejero Pedro Calvo y el gerente de la empresa pública, Arturo Canalda, también asesor político de Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre.
Fiscalía Anticorrupcón exculpó a Gallardón de cualquier responsabilidad en los hechos y no le introdujo en la lista de investigados que solicitó enviar a juicio. Consideró que el Consejo de Gobierno de la CAM presidido por Ruiz-Gallardón no autorizó la compra de Interamericana de Aguas y Servicios SA (Innassa) a sabiendas de que se iba a utilizar una sociedad interpuesta residenciada en un paraíso fiscal y que se iba a pagar un sobreprecio perjudicial para los intereses del Canal de Isabel II.
Alberto Ruiz-Gallardón a su llegada a la Audiencia Nacional
Hechos y responsables
Precisamente ese es el núcleo de los hechos investigados en esta primera pieza del caso Lezo. Los investigadores concluyen que "la palmaria y consciente dejación de las funciones que los acusados tenían encomendadas en sus respectivos ámbitos de actuación como miembros del ente del Canal de Isabel II para la protección de los intereses públicos, permitió que se desviaran cuantiosos fondos públicos a financiar una operación que causó indebidamente un menoscabo económico a dicha entidad en beneficio exclusivo de terceros".
El Ministerio fiscal explica de la siguiente manera cómo considera que ocurrieron los hechos presuntamente delictivos: En el año 2001, el Canal de Isabel II inició su expansión internacional en Colombia mediante la adquisición del 75% de la sociedad colombiana Interamericana de Aguas y Servicios SA (INASSA) para lo cual utilizó una sociedad vehículo de nueva creación llamada Canal Extensia SA, participada en un 75% por Canal de Isabel II y en un 25% por la mercantil valenciana Técnicas Valencianas del Agua SA (Tecvasa).
El principal activo de la sociedad Inassa era la sociedad también colombiana Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla SA (Triple A) que se nutría de los ingresos obtenidos por la prestación del servicio de concesión municipal que le fue otorgada por el Ayuntamiento de Barranquilla (Colombia).
La adquisición de Inassa estuvo plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta, pues lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América SA, entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa y el 51% de la sociedad dominicana Watco SA, provocándose un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido al sobreprecio abonado y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados, que no redundaron en ningún beneficio para la Administración autonómica.
En la ejecución de los hechos asumieron un papel relevante los acusados Francisco Olmos Fernández-Corugedo, Francisco Javier Vilaplana Oliva, Esteban Palacios Ortega, Ángel Conde Álvarez y Santiago García Benavides quienes en el mes de marzo del año 2000 consiguieron que uno de los anteriores socios de Inassa, la sociedad Aguas de Barcelona SA (Agbar), a la que estaban vinculados profesionalmente, vendiera su participación en Inassa a la panameña SAA, sociedad de su propiedad y del resto de socios colombianos de Inassa. Paralelamente a la compra de esas acciones de Inassa, los referidos acusados iniciaron un proceso de licitación privado dirigido a vender la sociedad SAA, el cual culminó a principios del año 2002 con su venta a Canal de Isabel II, lo que se llevó a cabo por un precio muy superior a su valor real, obteniendo así, a costa del erario público autonómico, cuantiosas plusvalías de las que se beneficiaron tanto ellos como los socios colombianos locales".
Para la Fiscalía, estos hechos contaron con el respaldo de Arturo Canalda, gestor del Canal que habría conocido cómo se realizaron las operaciones y de los miembros del Consejo de Administración de Canal de Isabel II, -entre ellos los consejeros de la Comunidad de Madrid Pedro Calvo y Juan Bravo- que autorizaron la compra en el Consejo celebrado el 14 de noviembre de 2001, "a pesar de conocer que se iba a interponer en la operación una sociedad panameña y el sobreprecio injustificado que se iba a pagar".
La lista completa de investigados para los que Anticorrupción solicita entre 6 y 7 años de prisión y 12 y 15 años de inhabilitación son los siguientes: Francisco Olmos Fernández-Corugedo, Francisco Javier Vilaplana Oliva, Esteban Palacios Ortega, Ángel Conde Álvarez, Santiago García Benavides, José Antonio de Cachavera Sánchez, Juan Pablo López Heras, Arturo Canalda González, Pedro Calvo Poch, Juan Bravo Riera, Ignacio López Galiacho Perona, Juan María Del Álamo Jiménez, Fernando Autrán Pérez, Francisco Díaz Latorre, Adriano García-Loygorri Ruiz, José Manuel Herrero Sanz, José Antonio Llanos Blasco, Roberto Molero Gómez-Elegido, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos Cuenca, Miguel Ángel Saldaña Egido y Roberto Sanz Pinacho.