Las fiscales del caso Púnica María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá han pedido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que otorgue la condición de investigados a dos nuevos implicados, administradores de la sociedad KV Consultores de Ingeniería Proyectos y Obras, supuestamente utilizada para canalizar el cobro de comisiones ilegales de las que se habrían beneficiado el exalto cargo de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, el exconsejero delegado de Mintra Jesús Trabada y el consejero delegado del Grupo Villar Mir, Javier López Madrid.
La hermana de este último, Miriam López Madrid, y Alfonso Carcasona, socio de Javier en distintos negocios y ex vicepresidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y de la Cámara de Comercio madrileña, son objeto también del escrito que las fiscales acaban de dirigir al Juzgado con la petición de que ambos declaren como testigos en relación a la empresa Bustren.
El escrito de las fiscales anticorrupción se basa en el informe emitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado 8 de abril sobre Bustren, que habría recibido comisiones ilegales canalizadas a través de KV.
El plan
La investigación ha evidenciado que, presuntamente, cuando Granados ocupaba el cargo de consejero de Transportes e Infraestructuras del Gobierno de Madrid en 2004 "concertó un plan" con el entonces consejero delegado del ente público Mintra (Madrid Infraestructuras del Transporte), Jesus Trabada, para "lucrarse a costa de los fondos públicos".
La estrategia habría consistido en amañar a favor de empresas amigas la adjudicación de contratos para la construcción de infraestructuras del metro de Madrid licitadas por Mintra "a cambio del pago de comisiones".
Según los investigadores, también se pidió a las grandes empresas que realizaban las obras del metro que pagasen las facturas que, en concepto de publicidad por la obra respectiva, les emitía la mercantil concertada Waiter Music.
"Dichos ardides desviaron fondos adscritos al Plan de Ampliación del Metro de Madrid que les enriquecieron fraudulentamente", afirman las fiscales, que sostienen que la empresa Obrum (de David Marjaliza) y Gravitum ("ideada por López Madrid con directivos de OHL") abonaron comisiones "por contratos amañados" que superaron los seis millones de euros.
Una parte de esa "ganancia ilícita" habría sido invertida en Bustren, constituida por Granados, Trabada y Javier López Madrid en 2011 a través de testaferros: el exdirigente del PP madrileño se habría servido de su jefe de gabinete en la Consejería, Ignacio Palacios, y López Madrid participaría en Bustren a través de la empresa Noyer, administrada por su hermana Miriam.
Granados, Trabada y López Madrid "se sirvieron de OHL y KV para inyectar encubiertamente en 2012 fondos en Bustren", según el escrito de las fiscales. Las cantidades invertidas en Bustren a través de KV "tendrían su origen en la comisión entregada por Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, para archivar el expediente sancionador que Jesús Trabada instruía a esa mercantil por el no inicio de las obras adjudicadas desde Mintra para la construcción de las infraestructuras del tren de Navalcarnero". Esa adjudicación se investiga en una pieza del caso Lezo.
Trasvase
Los investigadores creen que dos de los tres administradores de KV, César Sánchez y Cristóbal Medina, trasvasaron 800.000 euros desde las cuentas de OHL a las cuentas de Bustren, "velando así la inversión de la ganancia ilícita y su origen".
La mecánica desarrollada habría sido que KV, bajo la cobertura de la contratación con OHL Concesiones de trabajos para obras en Tenerife y Colonia Jardín (Madrid), emitió facturas que recogían tareas que no se habían realizado o estaban sobrevaloradas por un importe total de 1.135.000 euros y que esconderían la cantidad que en concepto de comisión entregaba OHL a Bustren a través de KV.
Posteriormente, KV realizaría el pago de las facturas presentadas por Bustren, que también serían mendaces, hasta el importe de la comisión de 800.000 euros.
El instructor del caso Púnica ácordó el pasado jueves otorgar la condición de investigados por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsificación de documentos mercantiles a César Sánchez y Cristóbal Medina. Ambos tendrán que designar defensores y serán citados a declarar después de instruirse de las diligencias.