La Fiscalía Anticorrupción denuncia a la jueza de los ERE por "desatención" y "retraso"

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha presentado este miércoles una denuncia contra la instructora del caso de los ERE, María Angeles Núñez Bolaños, ante el promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, al que pide que investigue a la instructora por una posible falta -grave o muy grave- de desatención y retraso injustificado en la tramitación de los procesos.

La denuncia es consecuencia de un informe elevado a Luzón por los seis fiscales anticorrupción de Sevilla en el que relatan las anomalías en que estaría incurriendo Núñez Bolaños en relación con la tramitación del caso Avales, del caso Idea y de las piezas separadas del caso de los ERE que aún están pendientes de investigación.

La Fiscalía Anticorrupción, que ha informado en un comunicado de la presentación de la denuncia, ha valorado que la situación procesal de esas causas "se ve afectada por la desatención y retraso injustificado en su tramitación y resolución, con evidente perjuicio de los fines del proceso penal y de la Administración de Justicia".

Anticorrupción considera que por este motivo "está resultando imposible proceder en los términos exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la práctica de las actuaciones en orden al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de la responsabilidad de los partícipes, favoreciéndose con todo ello que el ejercicio de la acción penal no alcance sus objetivos".

Diligencias

La denuncia no dará lugar a la incoación de un expediente disciplinario sino que inicialmente se abrirán unas diligencias informativas en las que se pedirá a Núñez Bolaños -actualmente de baja- que informe por escrito sobre la denuncia. En casos similares, el PAD también ha solicitado a la Inspección del CGPJ que verifique los extremos de la denuncia.

Es posible, por tanto, que las diligencias se prolonguen durante varios meses.

Núñez Bolaños llegó al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en junio de 2015 después de que la jueza que inició la investigación del caso de los ERE, Mercedes Alaya, pidiera una plaza en la Audiencia Provincial.

Fue un traslado insólito porque Núñez Bolaños procedía de un Juzgado de Familia y llevaba muchos años sin contacto con la jurisdicción penal. De la tranquilidad de los asuntos civiles pasó a la complejidad de las piezas de los ERE, el caso de corrupción más relevante descubierto en Andalucía. Cuando pidió la vacante -que se cubre por rigurosa antigüedad- se publicaron datos como el de su amistad con el entonces consejero de Justicia, Emilio Llera.