El comisario investigado en la Audiencia Nacional, José Manuel Villarejo, ha defendido este miércoles ante el juez que los trabajos que realizó para el BBVA para frenar la entrada de Sacyr en el Consejo de Administración del banco y que implicaron seguimientos a empresarios y políticos entre 2004 y 2005 fueron un encargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Villarejo ha defendido ante el juez Manuel García-Castellón que instruye el caso Tándem que "no se hizo ningún tipo de espionaje sino un encargo de Estado en interés de la soberanía nacional, económica y política de España", ha explicado su abogado, Antonio García Cabrera, quien también sostiene que este trabajo "no se enmarca como espionaje sino como una labor defensiva del banco en sus propios intereses". También que fue el CNI quien facilitó a Villarejo un listado de 15.000 llamadas para averiguar quiénes urdían el desembarco en la entidad financiera. Una labor que "no pudo hacer ningún particular", aclara el letrado a EL ESPAÑOL.
Dos investigaciones paralelas
Sin embargo, fuentes conocedoras de los hechos trasladan a este diario una versión distinta. Según éstas, tanto la Policía Nacional como el CNI iniciaron dos investigaciones paralelas para averiguar qué estaba pasando en el BBVA puesto que "el rumbo que tomara un gran banco como éste afectaba a la economía del país y era interés del Estado".
En ambos casos se habría contactado con Villarejo para que hiciera trabajos concretos. Por parte de la Policía Nacional, según las citadas fuentes, habría sido el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía del momento, el fallecido Miguel Ángel Fernández-Chico, quien habría solicitado al comisario ahora investigado que "le informara de la situación del BBVA, de la postura del presidente Francisco González y de quienes querían tomar el banco".
Unas peticiones que se debieron registrar, según apuntan las fuentes consultadas, en las actas del Ministerio de Interior y que podrían consultarse si se desclasifican.
Traición al DAO
Después, a espaldas del DAO, Villarejo habría llegado a un pacto con el BBVA, concretamente con el jefe de Seguridad Julio Corrochano, para utilizar la información de interés del Estado en beneficio del presidente del banco Francisco González. Lo habría hecho a través de su empresa Cenyt y habría cobrado una cantidad millonaria por ello, según las fuentes consultadas.
Villarejo ha afirmado este miércoles en sede judicial que nunca se reunió con Francisco González y que su contacto en el banco era Corrochano, a quien conocía porque fue comisario y jefe de la Policía Judicial.
Sostiene también que los contratos que firmó con él desde su empresa Cenyt fueron "legales", para la "recuperación de saldos de morosos". La relación contractual de Villarejo y Cenyt se prolongó durante 13 años y habría llegado a cobrar 10 millones de euros, según la información del sumario de la causa.