¿Fue Franco un falseador de documentos públicos? La demanda que la Abogacía del Estado ha presentado este miércoles contra los herederos del dictador afirma que éste celebró en 1941 un contrato de compraventa del Pazo de Meirás "simulado" y "fraudulento" para quedarse por 85.000 pesetas de la época con una magnífica casa solariega gallega que perteneció a la escritora Emilia Pardo Bazán.
Los servicios jurídicos del Ministerio de Justicia reclaman para el Estado la propiedad del Pazo de Meirás en una extensa demanda registrada en los Juzgados de A Coruña en la que, entre otros extremos, instan la nulidad del contrato de compraventa que Franco (representado por Pedro Barrié de la Maza, conde de Fenosa y dueño del Banco Pastor) firmó el 24 de mayo de 1941 con Manuela Esteban-Collantes, viuda de Pablo Quiroga y Pardo Bazán, primogénito de la novelista.
Pazo de Meirás
Por medio de ese contrato Franco adquiría la propiedad del Pazo de Meirás por un "precio irrisorio" que, encima, "no pagó": fue un "contrato simulado" que buscaba "generar artificiosamente la apariencia" de que el caudillo pasaba a ser el dueño del inmueble a título particular.
Se trató de una "adquisición ficticia". La Abogacía del Estado basa esta afirmación en el hallazgo de un documento inédito: la escritura de compraventa del Pazo de Meirás formalizada tres años antes, el 5 de agosto de 1938, entre Manuela Esteban-Collantes y la llamada Junta Pro Pazo del Caudillo por un precio de 406.346,20 pesetas.
La Junta Pro Pazo del Caudillo fue un ente constituido en marzo de 1938 y del que formaron parte el entonces gobernador civil de A Coruña, Julio Muñoz Rodríguez de Aguilar; Fernando Álvarez de Sotomayor, teniente de alcalde y luego alcalde de A Coruña; el presidente de la Diputación provincial, el presidente de la Cámara coruñesa de la Propiedad, representantes de la burguesía coruñesa y Pedro Barrié, personaje central de la historia.
A principios de 1938 había surgido en A Coruña un importante movimiento para adquirir un inmueble en el entorno de la ciudad con el fin de donarlo a Franco en consideración a su cargo de jefe del Estado de las fuerzas sublevadas y presumiendo su victoria en la Guerra Civil. Se trataba de asegurar que el caudillo pasara en la provincia gallega sus períodos estivales.
Álvarez de Sotomayor se centró en las llamadas Torres de Meirás, propiedad entonces de los herederos de Emilia Pardo Bazán. La demanda de la Abogacía del Estado incorpora un certificado de la Junta Pro Pazo del Caudillo fechado el 3 de marzo de 1938 en el que se da cuenta de su constitución para adquirir “una finca para ser regalada o donada en nombre de la provincia de La Coruña al Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado Nacional Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde, habiéndose decidido por la conocida con el nombre de Torres de Meirás, sita en el Ayuntamiento de Sada de esta provincia”.
Al certificado se adjuntan dos cartas remitidas por Manuela Esteban-Collantes y María de las Nieves Quiroga y Pardo-Bazán (hermana de Jaime), que se comprometen a la venta de la finca Torres de Meirás. La compraventa se formalizó en escritura pública el 5 de agosto de 1938 firmada por la Junta Pro Pazo del Caudillo y Manuela Esteban-Collantes.
La financiación
La Junta tenía prisa por culminar la entrega de la finca al caudillo. La estrategia inicial para la obtención de fondos se centró en una suscripción popular entre los vecinos de los distintos Ayuntamientos de la provincia, "suscripción que, aunque al principio se abrió como voluntaria, tuvo finalmente un carácter forzoso y una naturaleza similar a las que se venían practicando durante la guerra para financiar las operaciones bélicas", afirma la demanda.
La suscripción popular, abierta en mayo de 1938, no cumplió con las expectativas, de modo que se abrieron nuevas formas de financiación: las Administraciones locales aportarían fondos propios directamente y se procedería a la detracción de cantidades de las nóminas de los funcionarios.
Un informe elaborado en noviembre de 1939 por un teniente coronel de la Delegación Nacional de Provincias de Falange aseguraba que la Banca local proporcionó un crédito de 500.000 pesetas y que la Cámara de Comercio junto a los Ayuntamientos recaudaron 1.200.000 pesetas. Con ello se habría pagado a la propietaria del pazo, se habrían realizado reformas y adquirido muebles, además de amortizarse el 25% del crédito bancario. Pero aún quedaban gastos por satisfacer. "La cifra gastada en el Pazo es de tal magnitud que si se supiese causaría asombro", asegura el informe.
Pergamino desaparecido
El acto formal de entrega del Pazo de Meirás a Franco se produce el 5 de diciembre de 1938 y se recoge en un pergamino que firma el propio caudillo y los miembros de la Junta Pro Pazo. El original del pergamino se guardaba en los archivos de la Diputación coruñesa pero desapareció en 2007 "en circunstancias que se desconocen".
El 24 de mayo de 1941 se firma la compraventa del pazo entre Franco (representado por Barrié) y Manuela Esteban-Collantes. En la misma escritura de compraventa y con carácter previo a ésta, se rectifica por la transmitente la escritura de aceptación y partición de herencia de Jaime Quiroga alegándose que en el cuaderno particional inicial (aprobado por escritura de 18 de marzo de 1940) se había omitido el Pazo de Meirás.
"Ningún olvido había existido en la escritura particional de Jaime Quiroga y nada era necesario subsanar en dicha escritura: el inmueble no se había incluido en el cuaderno particional protocolizado en el año 1940 por cuanto en esa fecha ya se había vendido [a la Junta Pro Pazo] y no formaba parte del caudal hereditario de Jaime", sostiene la Abogacía del Estado. "La subsanación de dicha escritura constituye un nuevo fraude, necesario, eso sí, para dar apariencia de legalidad a la falsa compraventa que se formaliza en el año 1941" entre Franco y Manuela Esteban-Collantes.
La compraventa firmada por ambos accede al Registro de la Propiedad y el pazo fue incluido en la herencia de Franco. A la muerte de éste se inscribió a favor de su esposa y, cuando falleció, se registró a nombre de la hija, Carmen Franco Polo. Ésta falleció en 2017, no constando inscripción registral alguna a nombre de sus herederos.
En venta por 8 millones
En febrero de 1978 se produjo un incendio en el Pazo de Meirás, que sufrió importantes daños. La finca estuvo en una situación de “cuasi abandono” hasta que a finales de los 90 los herederos de Franco comienzan las tareas de restauración.
La finca está actualmente a la venta por 8 millones de euros. Los servicios jurídicos del Estado han solicitado al Juzgado que, como medida cautelar, anote preventivamente la demanda en el Registro de la Propiedad.
La demanda se dirige no sólo contra los nietos de Franco sino también contra los herederos de Manuela Esteban-Collantes, cuya identidad se ignora. "Cuando Manuela firma la escritura pública de compraventa en el año 1941 ya no es propietaria del inmueble porque lo había vendido casi tres años antes. La escritura es un mero artificio para tratar de aparentar una adquisición a título particular de Francisco Franco, quien ni paga el precio que se dice estipulado en la escritura ni nada adquiere en virtud de la misma", afirma la reclamación.
"El inmueble ya lo venía disfrutando Franco con anterioridad pero no a título particular, sino por razón de la donación efectuada en su condición de jefe del Estado", un negocio jurídico que también es nulo -dice la Abogacía del Estado respecto a la adquisición por la Junta en 1938- por un "vicio esencial de forma": la donación no se elevó a escritura pública.
Para la Abogacía del Estado, hay "numerosos indicios" de que el contrato que firmó Franco era "fraudulento". En primer lugar, desde marzo de 1938 se estaba anunciando "de forma reiterada y enfática" que el pueblo de Galicia le regalaba al jefe del Estado el Pazo de Meirás para que instalase en él su residencia veraniega y Francisco Franco aceptó la donación estampando su firma en un documento (el desaparecido pergamino) y asistió a un acto público de “aceptación de la donación” celebrado el 5 de diciembre de 1938 "con toda la parafernalia propagandística del régimen".
En segundo lugar, Carmen Polo de Franco y su hija visitaron el pazo dos veces en el verano de 1938 para conocer las obras de remodelación, que ya habían comenzado.
En tercer término, el precio estipulado en la escritura (85.000 pesetas) "resulta anormalmente bajo, de acuerdo con el precio real de la operación de venta del inmueble en el año 1938, que ascendió a algo más de 400.000 pesetas".
Existe, además, una coincidencia en las personas que comparecen en ambos negocios jurídicos: Manuela Esteban-Collantes y María de las Nieves Quiroga y Pardo Bazán, por la parte vendedora, y Pedro Barrié como representante de la Junta Pro Pazo que intervino en la escritura de 1938 y como apoderado de Franco en la escritura de 1941. Esa coincidencia, cree el abogado del Estado, "acredita el conocimiento pleno que tenían las partes y, por lo tanto, el carácter simulado y fraudulento de esta última compraventa, lo que excluye cualquier clase de buena fe por la parte adquirente".
Para el Estado
La demanda, firmada por el abogado del Estado jefe en Galicia, Javier Súarez, y por la abogada del Estado Adela Álvarez, sostiene que el Pazo de Meirás era y es propiedad estatal y esa posesión ha estado destinada a un servicio o finalidad de carácter público.
Franco, presidiendo el Consejo de Ministros en el Pazo de Meirás el 22 de agosto de 1975./
"No era un bien de uso público, obviamente, pero sí un bien que se ha destinado a un servicio público", explica. Su uso institucional "era intenso, albergando la celebración de Consejos de Ministros, recepciones oficiales, actos institucionales y siendo sede de oficinas y dependencias administrativas. Desde este punto de vista, sería asimilable en cuanto a sus usos al actual palacio de La Moncloa".
El escrito destaca que la finca se adquirió con fondos que, en parte, provenían del conjunto de los ciudadanos y, en otra parte, de instituciones públicas "con la finalidad de donar el inmueble al jefe del Estado (no a Francisco Franco, a su familia y a sus herederos como personas particulares) y para que sirviera de sede estival a la Jefatura del Estado".
Se rehabilitó y acondicionó con fondos públicos y albergó de forma permanente dependencias administrativas y de vigilancia por la Guardia Civil. Desde el primer momento, todas las actuaciones de mantenimiento, conservación, reparación y mejora del pazo "se ejecutaron por la Administración del Estado" y toda la intendencia necesaria para su funcionamiento se organizaba a través de la Casa Civil y Militar del jefe del Estado.
El Pazo de Meirás "se gestionaba del mismo modo y con los mismos recursos personales y económicos con los que se gestionaban otras dependencias de carácter inequívocamente público, como era el Palacio del Pardo en Madrid".
En definitiva, el Pazo de Meirás "ha sido poseído durante más de 40 años por la Administración del Estado porque todos los actos de gestión y administración del inmueble se han realizado a través de órganos del Estado y financiados con fondos públicos". Esa posesión habría determinado la adquisición del dominio en favor del Estado, tratándose de una posesión "en concepto de dueño, pública y pacífica".