La exigencia del Papa Francisco hacia la comunidad eclesiástica para que denuncie los abusos sexuales cometidos por sacerdotes ante la jurisdicción civil y no sólo en la jurisdicción canónica empieza a dar tímidos frutos. La pasada semana, el obispo de Cartagena denunció ante la Fiscalía los presuntos abusos del sacerdote de Yecla (Murcia) Antonio Lax a una menor de edad.
Han tenido que pasar décadas en las que la Iglesia ha protegido y ocultado a los abusadores en todos los rincones del mundo hasta que Jorge Bergoglio ha instado a que se denuncien los casos que se conozcan a las autoridades competentes. "Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte" (Mateo 5, 14) fue la cita de los evangelios que el Papa eligió para encabezar la Carta Apostólica en forma de motu proprio que entró en vigor el pasado 1 de junio en la Iglesia y en la que se afirma que se debe cumplir con los "derechos y obligaciones establecidos en cada lugar por las leyes estatales".
Pero hace ya cuatro años, en la diócesis de Ciudad Real, el obispo decidió actuar como cualquier ciudadano responsable, abrir una investigación interna al ecónomo del seminario Pedro Jiménez, expulsarle y denunciar los hechos ante el Vaticano y la Fiscalía, rompiendo con la costumbre eclesiástica del silencio. El cura, ya expulsado de la Iglesia, se enfrenta a 40 años de prisión por presuntos abusos sexuales a 9 menores entre los años 2013 y 2015 y se sentará en el banquillo de los acusados desde el próximo 30 de septiembre en la Audiencia de la capital manchega.
Aquel obispo ahora emérito que sigue ejerciendo su labor pastoral en la iglesia Santa María la Mayor del barrio madrileño de Tetuán es el zaragozano Antonio Algora Hernando (79 años). Cuando el equipo psicológico del seminario de Ciudad Real, donde se imparten estudios de secundaria, le alertaron de sus sospechas, tardó menos de 48 horas en poner en marcha una investigación interna para aclarar los hechos y denunciarlos ante la Fiscalía.
"Un cura sin complejos"
Algora puso entre las cuerdas al formador de la ESO, que cuando ocurrieron los hechos tenía menos de 30 años, arrancándole prácticamente una confesión, según relatan a EL ESPAÑOL fuentes que conocieron la situación desde dentro. También pidió que se hablara con las víctimas.
Fuentes del entorno del obispo emérito Algora -que a finales de los años 60 fue consiliario de las Hermandades del Trabajo en Alcalá de Henares (Madrid) y más tarde obispo de Teruel y Albarracín- le definen como un "hombre práctico, social, que vive pegado a la realidad y entiende la religión casi como un seglar. Un cura sin complejos", afirman quienes le conocen. "En su mente no debió caber la posibilidad de ocultar a la Justicia algo así", sostienen.
La instrucción judicial ha concluido que el acusado Pedro Jiménez, natural de Membrilla (Ciudad Real), habría aprovechado su puesto como formador de la ESO para abusar de los adolescentes (alguno de ellos alcanzará la mayoría de edad durante el juicio). Habría buscado situaciones en las que se quedaba a solas con los menores para someterles a distintos tipos de abusos sexuales durante los cursos 2013-2014 y 2014-2015, acusa la Fiscalía.
Mientras avanzaba la investigación contra el cura, Algora le apartó de sus funciones y le envió a un convento de un municipio de la provincia donde le podía tener vigilado. Jiménez fue expulsado del sacerdocio por el Vaticano poco antes de señalarse la fecha del juicio.