Las autoridades sanitarias y la Junta de Andalucía avanzan en la investigación sobre el origen del brote de listeriosis que deja ya más de 200 afectados y tres víctimas mortales al cierre de esta edición.
Según se ha podido determinar, el origen de la infección estuvo en la distribución de carne mechada contaminada de la compañía sevillana Magrudis, a cuyos responsables ha llevado el Ayuntamiento sevillano ante la Fiscalía por un presunto delito contra la Salud Pública por ocultación de datos y falta de colaboración. La Junta de Andalucía también ha anunciado que se personará como acusación en la causa si la Fiscalía entiende que hay delito y denuncia los hechos ante un juzgado.
Son los primeros pasos de lo que se espera será un arduo recorrido judicial que encuentra referentes en el pasado. Precisamente el caso que marcó un antes y un después en el tratamiento de una intoxicación masiva por la falta de controles sanitarios fue el del aceite de colza, en 1981.
Hay algunas similitudes entre aquél caso y el brote de listeriosis que ahora preocupa a España. El origen estuvo en un producto alimenticio (en aquel caso el aceite de colza) y el daño se podría haber mitigado si los responsables de la empresa Raelca que lo distribuyó en mercadillos del país no hubieran ocultado datos a la población que conocían y de los que no avisaron a las autoridades competentes.
Asociaciones de consumidores
Sin embargo, el caso de la colza y el brote de listeriosis también tienen, afortunadamente, una clara diferencia. En el primer caso, juzgado en la Audiencia Nacional en 1987, resultaron afectadas 20.000 personas y hubo 600 víctimas mortales.
Paca Sauquillo, que fue la abogada de la acusación de hasta 3.000 afectados, recuerda que "nunca antes hubo una intoxicación masiva de tales características en España, ni siquiera en Europa". De hecho, no existía en nuestro país una Ley de Consumo para regular hechos de tal dimensión y la instrucción del caso provocó su surgimiento con Ernest Lluch como ministro de Sanidad.
También nacieron las asociaciones de consumidores, vitales en procesos posteriores. Precisamente Sauquillo recomienda a quienes ahora se ven afectados por el brote de listeriosis que se unan en una misma asociación. "Será muy positivo para ellos, porque podrán determinar claramente los síntomas y efectos del brote y hacer más fuerza en una acusación conjunta", explica la letrada. El recién fallecido Eduardo Fungairiño fue el fiscal del caso, que investigó a los responsables e hiló el relato de los hechos contra las familias empresariales que traficaron con el aceite (los hermanos Bengoechea) y quienes los vendieron (los hermanos Hernández Galán de la empresa Raelca).
La Audiencia Nacional, ¿competente?
El instructor de aquella macrocausa fue el juez de la Audiencia Nacional, Alfonso Barcala, que tardó cinco años en concluir el sumario. Tanto la letrada Sauquillo como fuentes de la Fiscalía consultadas por EL ESPAÑOL coinciden en que debería ser la Audiencia Nacional quien se ocupe de investigar el brote de listeriosis de este verano.
Los casos identificados afectan ya a tres comunidades autónomas: Andalucía, Madrid y Canarias, por lo que sólo ese hecho ya debería dirigir la causa sin apenas dudas a los juzgados centrales.
Por eso, las citadas fuentes consideran que es muy posible que la Fiscalía o los propios afectados presenten sus denuncias ante el juez de guardia de la Audiencia Nacional, que acabará investigando el caso.