La Fiscalía pone en duda la "imparcialidad" de las Instituciones Penitenciarias catalanas para evaluar a los políticos y activistas independentistas juzgados en el Tribunal Supremo por el proceso de independencia de Cataluña "cuando tengan que evaluar a los presos (ahora preventivos) si finalmente son condenados".
Así se extrae de la Memoria Anual del Ministerio Público que la fiscal general, María José Segarra, ha presentado este lunes en el Tribunal Supremo. El informe de la Fiscalía se refiere a la información facilitada por el fiscal especialista de Barcelona, que se refiere a "situaciones anómalas" como las continuas manifestaciones frente a las prisiones donde se encuentran estos presos, así como las visitas que reciben y los posicionamientos de los responsables de los centros penitenciarios a su favor.
Así, en el informe se puede leer que "el año 2018 viene marcado por la estancia en prisión de los presos preventivos del denominado procés, lo que ha producido distintas situaciones anómalas como la existencia de manifestaciones como mínimo semanales delante de los centros penitenciarios donde se encontraban ubicados dichos presos, más en concreto en el centro penitenciario de Lledoners y en el centro penitenciario de Puig de Les Basses, así como una anormal presencia de autoridades no penitenciarias en dichos centros".
Turull y Sánchez inician una huelga de hambre en Lledoners
Los responsables
La Fiscalía repara en el posicionamiento de los responsables de las Instituciones Penitenciarias de Cataluña y de los funcionarios de los dos centros donde se encuentran separados hombres y mujeres entre los juzgados por el procés. Considera que no están respetando la "imparcialidad" que se les presupone.
"Significar que las autoridades de la Generalitat de Calalunya, incluido el actual director general de Instituciones Penitenciarias, han mostrado públicamente su rechazo a la prisión provisional acordada respecto a los procesados por delitos muy graves (rebelión, malversación) que tuvieron lugar durante el denominado procés, a los que consideran presos políticos".
Para el Ministerio Público, "tales manifestaciones pueden poner en cuestión las condiciones de tranquilidad e imparcialidad que necesariamente han de concurrir en las autoridades y funcionarios de la Administración Penitenciaria de Catalunya cuando haya que evaluar a los presos si son finalmente condenados".