El Gobierno baraja una fecha en torno al 21 de octubre, antes de que comience la campaña electoral, para llevar a cabo la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos una vez que ha recibido el aval del Tribunal Supremo este martes.
El escenario ideal sería un lunes -día en que el templo no abre al público-, a puerta cerrada y sin cámaras, señalan fuentes de La Moncloa, que confían en que para esa fecha el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid ya habrá reconsiderado la suspensión cautelar de la exhumación que acordó el pasado febrero.
En el Ejecutivo se espera que las consideraciones que hará el Tribunal Supremo en su sentencia llevarán al juez Yusty -al que la Abogacía del Estado recusó sin éxito- a levantar la medida cautelarísima que dictó sin oír a la Administración.
La Abogacía del Estado va a incorporar al procedimiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 un informe elaborado a petición de Patrimonio Nacional por un arquitecto y un ingeniero de caminos del Instituto de Ciencias de la Construcción del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El dictamen contradice por completo el documento confeccionado por dos arquitectos para la Fundación Nacional Francisco Franco, en el que se apoyó el magistrado Yusty para adoptar la suspensión cautelar del desenterramiento de Franco por motivos de seguridad.
El Ejecutivo ha contratado a una empresa especializada en servicios funerarios para que lleve a cabo la exhumación en cuanto el Consejo de Ministros fije una fecha. La cripta de Mingorrubio-El Pardo, por su parte, está preparada desde hace meses.
Esta vez no se pedirá autorización a la comunidad benedictina que gestiona el Valle de los Caídos, un inmueble propiedad del Estado. Una vez dictado el fallo del Supremo, que los monjes anunciaron que acatarían, se les comunicará la fecha en la que se procederá ala exhumación.
El Gobierno no quiere conflictos y espera que las autoridades eclesiásticas respeten la aplicación de una ley del Parlamento y de la sentencia del Supremo. La vicepresidenta Carmen Calvo, que ha llevado el peso de esta iniciativa política, viajará a Roma los próximos 4 y 5 de octubre para asistir a la ceremonia de creación de 10 nuevos cardenales, entre los cuales hay dos españoles, Miguel Ángel Ayuso y Cristóbal López Romero.
Calvo espera mantener contactos con las autoridades de Roma para transmitirles la relevancia de la sentencia del alto tribunal español.