El juez envía a prisión a los siete CDR por pretender "alcanzar la república incluso con violencia"

El juez Manuel García Castellón ha ordenado este jueves prisión provisional y sin fianza para los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos el lunes, al considerar que integraban una organización "jerarquizada" que pretende instaurar la república catalana por "cualquier vía, incluidas las violentas".

El magistrado de la Audiencia Nacional ha enviado a prisión a estos siete detenidos en la Operación Judas al entender que, a la luz de los indicios recabados durante un año por la Guardia Civil, podían haber incurrido en los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos, han informado fuentes jurídicas.

La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de JxCat, ERC y la CUP, con la abstención de los comuns, y los votos en contra de Cs, PSC y PP. El juez ha atendido así a la petición del teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, que ha reclamado el ingreso en prisión provisional de los siete "ante el riesgo" de que materializasen "las conductas que planeaban" de cara al 1-O.

De las diligencias practicadas hasta el momento, el magistrado considera que existen indicios de que los siete forman parte del Equipo de Respuesta Táctica (ERT) vinculado a los Comités de Defensa de la República (CDR), una organización "con una estructura jerarquizada que pretende instaurar la república catalana por cualquier vía, incluidas las violentas".

En uno de los autos, al que ha tenido acceso Efe, ubica a los siete detenidos en el "sector más radical, clandestino y comprometido, encarnado por el ERT, siendo éste una organización con una estructura jerarquizada".

Todo ello dentro de "la estrategia global del movimiento independentista radical más combativo", según el magistrado, que considera que el ERT tiene "capacidad suficiente para llevar a cabo maniobras con un alto nivel de profesionalización".

Al igual que la Fiscalía, García Castellón también entiende que concurren requisitos para acordar la prisión, tales como la gravedad de las penas que conllevan los delitos que se les imputan, la capacidad de destruir pruebas, el riesgo de sustracción a la acción de la Justicia y de reiteración delictiva.

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Los siete fueron detenidos el pasado lunes en Cataluña ante la posibilidad de que estuvieran planeando actos de tipo terrorista de cara al aniversario del 1-O o con motivo de la sentencia del procés; de hecho, dos de ellos reconocieron ante la Guardia Civil haber comprado y hecho pruebas con sustancias explosivas para "meter ruido" el próximo 1 de octubre.

La Fiscalía, a raíz de las detenciones, señaló en un comunicado que se les imputaba rebelión, delito que ha decaído tras las declaraciones, y este jueves, para argumentar que tenían que ir a la cárcel, ha señalado que los siete presuntamente integran "una organización criminal de naturaleza terrorista con la finalidad de subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública".

Dos de los detenidos, que han comparecido con abogados de oficio, admitieron ante la Guardia Civil su participación en la adquisición de varias sustancias para fabricar explosivos caseros, tras serles mostrados vídeos y documentos gráficos en los que aparecen algunos de los arrestados.

Los otros cinco, representados por letrados de Alerta Solidària, se han limitado a contestar a preguntas de sus abogados para negar haber participado en actividades terroristas.

Fuentes de este colectivo consultadas por Efe creen sospechosa la forma en que se asignó abogado de oficio a los otros dos detenidos y apuntan a que podrían haber sufrido presiones.

Sin embargo, fuentes de la Audiencia Nacional han asegurado que antes de empezar con las comparecencias se les ha ofrecido la posibilidad de cambiar de abogado, a lo que ambos se han negado.

Familiares de esos dos detenidos presentaron un "habeas corpus" -figura que permite la puesta a disposición inmediata ante el juez para hacer alegaciones si se considera que el arresto no se ha ajustado a la ley-.

En su comparecencia anoche ante el magistrado de refuerzo del juzgado, Alejandro Abascal, los dos se quejaron del tiempo de detención, si bien manifestaron haber tenido un buen trato por parte de la Guardia Civil. Tras la comparecencia volvieron al lugar de detención.

En la Operación Judas se practicaron nueve detenciones y a última hora del lunes dos de los arrestados quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando fueran citados.

Se practicaron además diez registros en los que la Guardia Civil descubrió -además de precursores y material con el que fabricar explosivos- que habían realizado consultas en Google, y disponían de información y planos sobre edificios públicos, incluida una casa cuartel de la Guardia Civil.

Mientras eran trasladado a la prisión de Soto del Real (Madrid), familiares de los detenidos han gritado "no estáis solos" y "fuerza y democracia". Esta mañana han estado arropados por representantes de ERC, JxCat, la CUP y EH-Bildu.