El Gobierno ha dado un plazo que comienza este viernes y concluye el próximo día 25 -antes de que comience la campaña electoral- para llevar a cabo la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos.
El Ejecutivo está dispuesto a llevar a cabo la exhumación, acordada el pasado marzo, pese a la oposición del prior que administra la basílica -un inmueble perteneciente al Estado- y a la existencia de un procedimiento que tramita el juez Yusty y referido a la licencia urbanística.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha explicado que se comunicará con 48 horas de antelación la fecha y la hora de exhumación a la familia Franco por si desearan asistir. Los medios de comunicación no podrán estar presentes ni grabar imágenes en el interior de la basílica del Valle de los Caídos, pero sí se habilitará un sitio para ellos con el fin de "propiciar el derecho a la información".
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ejercerá como Notaria Mayor del Reino y levantará acta y el traslado al Pardo se llevará a cabo con "la mayor discreción y respeto posible" a los restos de Franco, que "políticamente es artífice como dictador de un pasado negro de nuestro país", en palabras de Calvo.
Moncloa considera que, una vez obtenido el aval del Tribunal Supremo, ambos obstáculos no representan un impedimento legal para llevar a cabo la exhumación de quien fuera jefe del Estado y su reinhumacion en el cementerio de El Pardo.
El Supremo estableció en la sentencia dictada el pasado 30 de septiembre que la ejecución es una obra menor que no requiere licencia municipal, bastando el informe favorable del Ayuntamiento de El Escorial, que ya lo dio.
Precisamente este jueves el Supremo enfatizaba que la Constitución "obliga a todos a cumplir las sentencias firmes" y declaraba que el fallo del pasado 30 de septiembre "es, por sí mismo, título bastante" para acceder a la basílica y llevar a cabo la exhumación.