El presidente de la Sala Penal del Supremo, Manuel Marchena, se ha referido este miércoles al problema que plantea el excesivo número de políticos aforados y a la dificultad que se puede plantear para encontrar magistrados no contaminados que juzguen, en su caso, al expresidente catalán Carles Puigdemont.
Marchena ha defendido este miércoles ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial su candidatura a la reelección como presidente de la Sala Penal del Supremo. Sin papeles, en su habitual estilo didáctico, dando explicaciones con solvencia, el magistrado eligió como sentencias de especial relevancia de las que ha sido ponente en los últimos años la resolución del caso Falciani -recientemente avalada por el Tribunal Constitucional-, la condena al violador de Ciudad Lineal y un asunto de responsabilidad penal de personas jurídicas, entre otras. "Hubiera incluido la sentencia del 'procés'", indicó, pero no estaba dictada cuando tuvo que elaborar los documentos para concurrir a la plaza.
Marchena se ha referido con tono serio al notable incremento del volumen de asuntos que ha experimentado la Sala Segunda como consecuencia de la reforma de la casación y de la modificación del Código Penal aprobada en 2015, que introdujo nuevos tipos y cambió muchos de los existentes. Manifestó que, aun así, el tiempo medio de resolución no llega a un año.
El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que ha asumido la ponencia de este nombramiento, pidió a Marchena que hiciera un balance del programa que presentó en 2014. El candidato destacó la consecución de unas relaciones fluidas con instancias internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Mencionó la cuestión prejudicial redactada por la Sala en relación al alcance de la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado, "cuestión planteada por la absoluta fe en lo que se ha llamado el diálogo entre tribunales".
Citó también la convocatoria habitual de los plenos para unificar criterios jurídicos. Y entonó el mea culpa en lo que describió como "la lucha del presidente por un formato unificado de las sentencias. Se nos plantea la dificultad que tiene cualquier magistrado de romper su metodología de trabajo: subrayados, cursivas, empleo de expresiones latinas... Seré implacable a partir de ahora para que las sentencias de la Sala Penal sean reconocibles incluso por su presentación formal", dijo en tono de humor. "Sé implacable", le instó sonriendo Lesmes.
Aforados
El presidente del órgano de gobierno de los jueces le preguntó por el problema que plantean los aforados en cuanto a su número extraordinario y respecto al derecho a la doble instancia penal. Marchena descartó que haya objeciones jurídicas al hecho de que el Tribunal Supremo juzgue en única instancia a determinados aforados, una situación respaldada por el Tribunal Constitucional y la Corte de Estrasburgo, que han enfatizado el plus de garantías que supone el enjuiciamiento por el más alto órgano jurisdiccional penal.
Pero sí subrayo que "es un error que se crea que un cargo público no está 'bien vestido' si no tiene aforamiento. El fuero es una prerrogativa institucional, no un privilegio. Me gustaría que se redujera el número de aforados por la necesidad de entroncar con su función histórica y constitucional porque, si no, el aroma de privilegio aparece", manifestó.
A este respecto, se refirió al caso del 'procés', juzgado en única instancia por la Sala Penal debido a la existencia de aforados. Explicó que, por unas circunstancias o por otras, 13 de los 15 magistrados de la Sala puede estar contaminados para intervenir en el futuro "en la hipótesis de que tuviera que producirse algo relacionado con este proceso", señaló en referencia implícita al expresidente catalán Carles Puigdemont, cuya entrega acaba de ser reclamada de nuevo.
Marchena aludió a la posibilidad legal de sustituir a los magistrados de la Sala Penal por miembros de otras Salas. Pero no dejar de ser un escenario prematuro. Aun queda tiempo para que Bélgica responda a la petición de entrega y en los próximos meses van a incorporarse a la Sala Penal tres nuevos magistrados.
Lesmes le planteó también la cuestión de las filtraciones -específicamente las producidas en el caso del 'procés'- y preguntó al candidato qué medidas se pueden adoptar. Marchena admitió que todos los miembros del tribunal estaban convencidos de que habría filtraciones y subrayó que esas fugas de información no se han producido a lo largo de los meses en que el asunto ha estado solo en las manos de los siete magistrados.
Recordó que su correo electrónico fue hackeado "con el confesado interés de conocer los documentos que íbamos a intercambiar, que eran el objeto oscuro del deseo de muchos" y quiso "hacer un matiz: la sentencia nunca ha sido filtrada como tal".
"Ha habido pronósticos sobre el fallo y luego informaciones más exactas que quiero entender que es el tratamiento que se obtiene a través de comunicaciones informales o con terceras personas. Y eso hace mucho daño, salvando a los profesionales de la información, que cumplen con su deber. Esto es un mal al que hay que hacer frente. El único consuelo es que la sentencia no ha salido de la Sala".
La comparecencia, que se prolongó a lo largo de una hora, acabó con la felicitación "de corazón" de Lesmes a Marchena "por el trabajo realizado en la Sala y la sentencia del 'procés'".