El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este miércoles advertir, por primera vez, al presidente de la Generalitat, Quim Torra; al vicepresidente, Pere Aragonés, y a los consejeros de que pueden incurrir en responsabilidad penal si el Govern desoye sus prohibiciones de continuar avanzando de forma unilateral en el proceso soberanista.
El TC ha acodado admitir a trámite los incidentes de ejecución planteados por el Gobierno de Pedro Sánchez en relación a la resolución que el Parlament de Cataluña aprobó el pasado 26 de septiembre sobre la "orientación política general del Govern". En dicha resolución, el Parlament vuelve a proclamar el derecho de autodeterminación como manera de acceder a la soberanía del pueblo de Cataluña.
La actuación del Gobierno, que ha escogido una vía de respuesta más rápida que lo que hubiera sido el planteamiento de un recurso autónomo, se basa en que las autoridades catalanas vuelven a tratar de fundar en el carácter soberano del Parlament la legitimidad de la desobediencia institucional, lo que se traduce en una declaración del Parlament por la que se apela a las instituciones a ignorar las normas.
A su parecer, esa declaración vulnera las sentencias del Tribunal Constitucional que desde 2015 han declarado la inconstitucionalidad del proceso soberanista unilateral.
El TC ha aceptado suspender provisionalmente la resolución impugnada, suspensión que ha acordado notificar personalmente al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a los miembros de la Mesa, así como a su secretario general, Xavier Muro.
Por primera vez, esa notificación se hace extensiva al presidente catalán Torra y a los miembros de su gabinete: Pere Aragonès, vicepresidente; a la consejera de la Presidencia y portavoz Meritxell Budó, Alfred Bosch, Miquel Buch, Josep Bargalló, Alba Vergés, Damià Calvet, Mariàngela Vilallonga, Ester Capella, Chakir El Homrani , Àngels Chacón, Jordi Puigneró y Teresa Jordà.
A todos “se les advierte de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa
que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”.