La fiscal general ordena al fiscal de Cataluña investigar si Torrent ha desobedecido al TC

La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha dado instrucciones al fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, para que abra unas diligencias de investigación en el seno del Ministerio Público para determinar si es procedente ejercer acciones penales contra el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, y los miembros de la Mesa que en las últimas semanas han votado a favor de admitir a trámite iniciativas parlamentarias que contrarían los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre el proceso soberanista.

La Fiscalía General ha hecho público este martes un comunicado en el que indica textualmente que "en atención a las decisiones adoptadas por la Mesa del Parlament de Cataluña durante las últimas semanas y hasta el día de hoy, en el contexto de los incidentes de ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional 259/2015, 136/2018 y 98/2019, la Fiscalía General del Estado ha instado de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cataluña la incoación de diligencias de investigación a fin de valorar la posible trascendencia penal de tales decisiones".

La decisión de Segarra se produce horas después de que Torrent haya adelantado la celebración del pleno del Parlament y haya alterado el orden de votación de los asuntos a abordar para que pudiera aprobarse -antes de la previsible suspensión del TC- una moción de la CUP por la que la Cámara catalana "expresa su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y a respetar la voluntad del pueblo catalán".

El acuerdo de la Mesa del Parlament de tramitar la moción de la CUP fue impugnado por el Gobierno el pasado viernes. La impugnación ha sido admitida esta misma mañana por el TC, que ha ordenado suspender la tramitación de la moción. Pero el adelantamiento del pleno del Parlament por Torrent ha burlado la suspensión y la moción ha sido votada y aprobada.

Torrent ha ignorado las peticiones de los grupos de Ciudadanos, PSC y PP de pedir un informe a los servicios jurídicos de la Cámara sobre la legalidad de votar la moción. Ciudadanos anunció que se dirigiría a la Fiscalía para presentar una denuncia.