La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez del caso Lezo que procese al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por la compra presuntamente fraudulenta por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña Emissao por la que se pagó en 2003 unos 30 millones de dólares.
Según han confirmado a la agencia Efe fuentes jurídicas, la Fiscalía reclama al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón procesar a González por delitos de fraude a la administración y malversación de caudales públicos en relación a esta compra por parte del Canal.
También pide que se dicte el procesamiento en esta misma pieza del caso Lezo para Edmundo Rodríguez Sobrino, el considerado hombre fuerte del expresidente madrileño en Latinoamérica; el ex delegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro; la ex directora del Canal María Fernanda Richmond; el ex gerente de Triple A Ramón Navarro; el ex directivo de Inassa Diego Fernando García Arias; y, el representante de Emissao Sebastiao Cristovam.
Anticorrupción cree que de las diligencias practicadas hasta la fecha se desprenden indicios de criminalidad suficientes como para interesar la continuación del procedimiento penal.
Al corriente de la operación
La Fiscalía siempre ha mantenido que la compra de la empresa brasileña Emissao en 2013 partió de Ignacio González, quien estaba totalmente al corriente de la operación y que el Canal pagó 30 millones de dólares.
Esta sociedad perdió su valor hasta los cinco millones mientras que, según la investigación, Ignacio González pudo sacar 5,4 millones en comisiones, que presuntamente se repartió con otros socios.
En el caso Lezo están ya procesados los implicados en la compra presuntamente fraudulenta de la empresa colombiana Inassa por el Canal en 2001, con un "sobreprecio injustificado" de entre 19 y 29 millones de euros.
El juez finalmente eximió de responsabilidad a los expresidentes madrileños Alberto Ruiz Gallardón e Ignacio González, que no se sentarán en el banquillo por estos hechos.
Sí lo harán los catorce miembros del Consejo de Administración del Canal entonces, incluido su presidente Pedro Calvo y el exconsejero de Hacienda y expresidente de Adif Juan Bravo, que se enfrentan a una petición de siete años por malversación.