La Abogacía anuncia que demandará al Ministerio de Justicia y exige la dimisión de Delgado

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha acordado emprender acciones legales contra el Ministerio de Justicia por el impago de servicios prestados por abogados del Turno de Oficio el pasado mes de octubre que después no fueron reconocidos como justicia gratuita en los territorios que gestiona, y ha reclamado la dimisión inmediata de la ministra Dolores Delgado.

Se trata de determinados casos asistidos siguiendo mandato judicial por abogados del turno de oficio registrados en la denominada 'zona Ministerio', que comprende Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia e Illes Balears, así como al Colegio de Madrid en lo que respecta a los tribunales con jurisdicción estatal, Ceuta y Melilla.

"Los consejeros y consejeras han respaldado de forma unánime llevar hasta sus últimas consecuencias la reclamación judicial ante una decisión que han calificado como incomprensible, tanto por el momento de interinidad en que se produce como por el carácter unilateral con el que se aplica", según explica la Abogacía en un comunicado.

Ahora, los Servicios Jurídicos del Consejo estudiarán si la reclamación al Ministerio de Justicia por esos servicios que considera ajenos al sistema de Justicia Gratuita se hará atendiendo a ese baremo o si por el contrario, lo que se le requerirá en los tribunales es el abono de los honorarios de libre mercado de esos abogados que habían recibido una designación judicial para intervenir en un proceso por turno de oficio.

El CGAE explica que, en todo caso, "la reclamación exigirá la liquidación de los intereses generados hasta que se resuelva el pleito" y apuntan que abre la puerta a que aquellos Colegios de Abogados que por cualquier causa no hubieran pasado al cobro este tipo de actuaciones, lo hagan con las correspondientes a los cuatro últimos años.

"El Gobierno no puede eludir su responsabilidad en el pago de servicios públicos a particulares amparándose en un agujero legislativo que nadie ha visto en los últimos 40 años", concluye el Consejo, que confía en que los tribunales acaben dándoles la razón, porque entienden "fuera de toda duda la responsabilidad patrimonial del Estado en la prestación de sus servicios por designación de un juez".

En paralelo, el Pleno del CGAE solicita la dimisión de Delgado por su "enfrentamiento con el conjunto de la Abogacía" e incide en la importancia de que el candidato a ser investido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sepa que cuenta en su Gabinete en funciones con una de las peores ministras de Justicia que se recuerdan".

El Ministerio de Justicia comunicó el pasado 4 de diciembre a los representantes de la Abogacía que sólo asumirá el pago de aquellos expedientes de justicia gratuita en los que se den los requisitos de carencia de recursos económicos y abrió un plazo que concluyó este miércoles para que los colegios de abogados de su territorio remitiesen las certificaciones que acreditasen que las personas defendidas cumplían esas condiciones.

Un 95% de lo reclamado

Este jueves, ya con el plazo cerrado, el departamento que dirige Delgado anunció que en los próximos días abonará más de 4 millones de euros 4.028.858,50 euros a los colegios que habían presentado la documentación, el 95 por ciento de lo reclamado inicialmente, y concretó que el cinco por ciento restante, 228.499,11 euros, no se pagará al no corresponder a clientes con derecho reconocido a asistencia jurídica gratuita.

En un comunicado, Justicia detallaba que 14 de los 24 colegios de abogados del territorio que gestiona recibirán el mismo importe que habían solicitado anteriormente y el colegio de Burgos ha sido el único de todos que no ha presentado la documentación requerida, por lo que, por el momento, no recibirá importe alguno correspondiente al mes de octubre.

En el caso del colegio de Cuenca, sí ha enviado la documentación requerida pero respecto de julio, agosto y septiembre, meses cuyas certificaciones aún no había remitido.

La Intervención delegada, el organismo que supervisa la legalidad de todos los gastos del departamento, ha solicitado además a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que incluya en su plan de auditoría para 2020 los pagos realizados a la Abogacía por este servicio con anterioridad a que estas supuestas irregularidades fueran detectadas.