Puigdemont recusa al juez Llarena para impedir que decida sobre su petición de tener inmunidad total

El expresidente catalán Carles Puigdemont, prófugo en Bélgica desde que huyó de España tras la proclamación unilateral de la independencia de Cataluña, considera que su condición de eurodiputado impide acordar contra él cualquier medida cautelar, sea prisión preventiva, órdenes nacionales o internacionales de detención u orden europea de entrega. Cualquiera de esas actuaciones, acordadas en su día por el Tribunal Supremo y en vigor para tratar de que responda ante la Justicia, "son incompatibles con las inmunidades" que, según él, le ha reconocido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.   

En un escrito de 63 páginas presentado esta mañana en el Supremo, Puigdemont reclama una inmunidad total tanto presente como futura. A su parecer, ni siquiera es procedente que la Sala Penal curse un suplicatorio al Parlamento Europeo porque los hechos que se le imputan -y por por los que varios de sus subordinados ya han sido condenados- no son delito ni en España "ni en los diversos Estados miembros de la Unión Europea". Lo que el Supremo tiene que acordar, sostiene, es el archivo libre.

Como paso previo a que se decida sobre las medidas cautelares y el suplicatorio, Puigdemont quiere apartar al juez Llarena para impedir que sea él el que resuelva. Consciente de que este magistrado es, para Puigdemont, un hueso duro de roer, el defensor del expresidente catalán, Gonzalo Boye, intenta por primera vez apartar a Llarena de la instrucción del 'procés' pidiéndole que se abstenga de intervenir en la causa a partir de ahora. Si no lo hace, da por planteada su recusación.

Paralizar

Según la defensa, Llarena "carece manifiestamente de imparcialidad", afirmación de la que no aporta prueba y que se desprendería de que "se ha pronunciado anteriormente sobre el fondo del asunto que aquí nos trae, la inmunidad que protege a mi representado, en términos absolutamente incompatibles con sus derechos fundamentales, así como con el Derecho de la Unión".

Como segundo argumento, indica que "existe un pleito pendiente con mi representado". En realidad, se trata de una demanda de Puigdemont contra Llarena -no al revés-, promovida en Bélgica y en la que el juez ni siquiera interviene, ya que actúa la Abogacía del Estado. Está en cuestión, de otro lado, que Bélgica tenga jurisdicción para actuar contra un juez español. En todo caso, la jurisprudencia nacional y europea descartan como motivo de recusación que un procesado haya denunciado al juez que le investiga.

El primer efecto de la abstención/recusación formulada este jueves por la defensa de Puigdemont es la paralización de la causa contra él, incluida la decisión sobre los efectos que tendrá la sentencia dictada por el TJUE respecto a Oriol Junqueras.

Si Llarena no se abstiene, la recusación deberá ser resuelta por la Sala Penal. De este modo, el expresident gana tiempo para poder actuar como europarlamentario con la acreditación provisional que se le proporcionó el 20 de diciembre, 24 horas después del fallo del tribunal europeo.

El juez Llarena no es el único vapuleado en el escrito de la defensa de Puigdemont, que enfatiza reiteradas veces que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea "acoge
nuestra postura jurídica [sobre la inmunidad], que dista mucho de la hasta ahora expuesta por el Ministerio Fiscal, por la Abogacía del Estado, por el magistrado instructor y por la Sala Segunda del Tribunal Supremo".

La defensa dirige una particular dedicatoria a la Fiscalía, que ya ha pedido a Llarena que mantenga todas las medidas cautelares impuestas a Puigdemont mientras tramita el suplicatorio a la Eurocámara. "Podemos entender las angustias existenciales que la actual situación genera en los representantes del Ministerio Fiscal, pero no podemos olvidar que esto no es una guerra sino una discusión jurídica ante un órgano jurisdiccional que ha de velar por la correcta aplicación del Derecho, incluido naturalmente el Derecho de la Unión", señala Boye.

Volver a España

El escrito subraya que la sentencia del TJUE ha indicado que los Estados miembros deben garantizar que el Parlamento Europeo tenga "total capacidad de cumplir las
misiones" que le han sido atribuidas. De ello deduce que "la relación representativa
que une a los miembros del Parlamento Europeo con sus representados obliga a los primeros a mantener vínculos especialmente estrechos con los ciudadanos de la Unión de la circunscripción electoral en la que han resultado elegidos".

"Y ese vínculo", añade, "es absolutamente incompatible con la detención e ingreso en prisión de un diputado, que no solo impediría esa relación con sus electores sino, también y muy significativamente, el poder acudir a las sesiones del Parlamento".

La defensa cita los precedentes ocurridos en 1989 con el etarra Ángel Alcalde y con José María Ruiz Mateos, "convenientemente obviados" por el Supremo, afirma, a los que la Sala Penal levantó las medidas cautelares de prisión adoptadas cuando fueron elegidos europarlamentarios. 

A su parecer, "la única solución" que cabe es retirar a Puigdemont todas las medidas cautelares, así como la euroorden pendiente en Bélgica, actuaciones que han sido acordadas debido a una "persecución política", dice.

"No hay más caminos", reafirma. "Cualquier otro será, una vez más, un salto al vacío legal que solo servirá para deteriorar, más si cabe, la posición del Poder Judicial español en el contexto europeo, que es el de todos nosotros". La defensa se permite "recomendar" al Tribunal Supremo "que se busque un ambiente de serenidad" antes de decidir.

"Una vez que se analice reposadamente la situación actual, si así lo considera el magistrado instructor, deberá estudiar si procede remitir al Parlamento Europeo la correspondiente solicitud de levantamiento de la inmunidad".

Pero para ello tendrá que valorar que "no en una sino en dos ocasiones" y por criterios de "estricta oportunidad política", Llarena ha retirado las anteriores euroórdenes. "Esta actuación procesal, igualmente, habrá de ser tenida en consideración por el Parlamento Europeo si se intenta conseguir el levantamiento de la inmunidad por los hechos objeto del presente procedimiento", apostilla.