El líder de ERC, Oriol Junqueras, en prisión por haber liderado el 'procés' para la secesión unilateral de Cataluña, monopolizará este viernes los debates de dos Salas del Tribunal Supremo. La Sala Penal fijará los efectos de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 19 de diciembre que declaró que el dirigente republicano adquirió la condición de eurodiputado tras ser proclamado electo el pasado 13 de junio y se le debió conceder un permiso de excarcelación para acudir ante la Junta Electoral Central a cumplimentar los requisitos de acceso al cargo.
Por su parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo decidirá si accede o no a la petición de Junqueras de que se suspenda cautelarmente el acuerdo en el que la Junta Electoral Central anuló el pasado día 3 su mandato como eurodiputado al considerar que la sentencia del 'procés' -que le impuso 13 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación para todo cargo público- es una causa legal que inelegibidad sobrevenida.
El Gobierno catalán calentó motores este jueves ante las trascendentes deliberaciones que tendrán lugar en el Tribunal Supremo no sólo sobre Junqueras sino también sobre el propio president Torra, que ha pedido igualmente la suspensión cautelar de la resolución de la JEC que ha dejado sin efecto su acta de diputado del Parlament. En su caso, la causa de inelegibilidad para desempeñar ese cargo electo es la condena a un año y medio de inhabilitación que le ha impuesto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobedecer a la propia Junta Electoral Central.
La portavoz del Govern, Meritxel Budó, anunció que la pretensión del Ejecutivo catalán, "por indicación de Torra", es "facilitar" la presencia de Junqueras en el Parlamento Europeo el próximo día 13 junto a Carles Puigdemont y Antoni Comín, prófugos de la Justicia española y reconocidos diputados por el Parlamento Europeo motu proprio tras la sentencia del TJUE.
El Gobierno catalán ha insistido en que el acatamiento del fallo del TJUE por parte del Tribunal Supremo sería, según él, la puesta en libertad del líder de ERC. Pero, añadió Budó de forma críptica, "si hay otro mecanismo que haga posible que Oriol Junqueras pueda asistir al Parlamento Europeo y así lo decide su defensa jurídica, este Gobierno será diligente para garantizar su asistencia al Parlamento Europeo".
Budó no ha querido aclarar a qué "mecanismo" alternativo se refiere y ha evitado contestar si el Govern contempla ordenar la salida de Junqueras de la cárcel de Lledoners (Barcelona). La Generalitat es la única administración autonómica que tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria y las puede aplicar con los condenados del 'procés' porque el Gobierno de Sánchez accedió a trasladarles a cárceles catalanas nada más terminar el juicio ante el Supremo.
Permiso ilegal
Fuentes penitenciarias consideran que el anuncio de Torra, por boca de Budó, puede tener un gran componente de boutade ya que -aseguran- una autorización de excarcelación de Junqueras para salir del territorio nacional sin el preceptivo permiso judicial conllevaría seguras responsabilidades penales tanto para quienes la acuerden como para quienes la ejecuten.
Estas fuentes explican que Junqueras no está aún clasificado y tampoco ha cumplido la cuarta parte de la pena que le daría derecho a solicitar permisos de salida ordinarios.
Existen también permisos extraordinarios, pero habría que alterar su finalidad ya que únicamente están previstos para casos de fallecimiento o enfermedad grave de ciertos familiares, nacimiento de un hijo o por "importantes y comprobados motivos de análoga naturaleza", siempre dentro el territorio nacional. El desplazamiento de un interno al extranjero requiere autorización judicial.
Sería, en todo caso, la utilización del régimen penitenciario para burlar el cumplimiento de una condena de cárcel, añaden las mismas fuentes, que destacan la "gravedad" que ello tendría.
Fuentes del alto tribunal, por su parte, aseguran que tanto la Sala Penal como la de lo Contencioso-Administrativo reafirmarán hoy la validez de la condena del 'procés', lo que significa, respecto a la primera, el previsible mantenimiento de Junqueras en la cárcel y, respecto a la segunda, la probable desestimación de la suspensión cautelar del acuerdo de la Junta Electoral que ha anulado el mandato de eurodiputado.
La Sala Penal tiene previsto dictar dos resoluciones. La primera estará relacionada con los puntos 90 y 91 de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo y en ella se contestará al recurso de Junqueras contra la decisión de la Sala Penal de negarle el pasado 14 de junio un permiso de salida para acudir ante la JEC a jurar o prometer acatamiento a la Constitución española. La segunda resolución será la respuesta del tribunal al punto 93 de la sentencia del TJUE y en ella se fijarán los efectos del fallo en la sentencia del 'procés'.
En los apartados 90 y 91, el tribunal europeo estableció que Junqueras debió ser excarcelado para "dirigirse al lugar en que debe celebrarse la primera reunión de la nueva legislatura del Parlamento Europeo", esto es, Estrasburgo el pasado 2 de julio. El TJUE dejó la puerta abierta al mantenimiento de la prisión preventiva y, por ello, afirmó la necesidad de cursar un suplicatorio a la Eurocámara.
Esa situación ya se ha superado porque Junqueras no es en la actualidad un preso preventivo sino un condenado en sentencia firme.
En punto 93 el TJUE declaró que corresponde a la Sala Penal determinar los efectos en la sentencia dictada contra Junqueras, lo que llevará al Supremo a analizar el régimen de inmunidades de los eurodiputados y su vigencia de acuerdo con el Derecho interno tras una condena firme a prisión e inhabilitación dictada el pasado octubre.