La elección de Juan Carlos Campo, el mensaje tranquilizador que Sánchez envía a los jueces

Durante los meses que duró el juicio del 'procés', tres viejos amigos se reunían cada cierto tiempo en torno a la misma mesa de un recóndito restaurante madrileño. Uno de ellos era el presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, que no faltaba a la cita pese a que en esa etapa optó deliberadamente por eludir todo acto público. El otro era el nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Ambos -y el tercer convocado, también magistrado- mantienen desde hace muchos años una confianza fraternal. Pedro Sánchez lo sabe (el propio presidente tiene una buena opinión de Marchena). Y también sabe que Campo conserva una relación excelente con los magistrados del Tribunal Supremo y su actual presidente, Carlos Lesmes, con la práctica totalidad de los presidentes de los Tribunales Superiores, con la Audiencia Nacional (donde tiene su plaza), con las asociaciones judiciales...

Ahí está una de las claves por las que Juan Carlos Campo Moreno (Osuna, 1961) ha acabado siendo finalmente el elegido para encargarse de la cartera de Justicia, la última en cubrirse, frente a otros candidatos como Félix Bolaños (imprescindible en Moncloa) o María Eugenia Gay. Campo, juez por oposición, conoce el who is who judicial a la perfección y está considerado en todos los sectores de la carrera como una persona sensata y dialogante.

Con la designación de Campo, Sánchez envía un mensaje tranquilizador a la Judicatura, convulsionada no sólo por los efectos del 'procés' sino también por la impresión del 'vienen a por nosotros' que se ha creado a raíz de ciertos aspectos del programa de gobierno pactado con Podemos (la modificación del sistema de acceso a la carrera), las manifestaciones de Pablo Iglesias y Alberto Garzón sobre la "derecha judicial reaccionaria" y la desafortunada afirmación del propio Pedro Sánchez durante el debate de investidura sobre la superación de "la deriva judicial que tanto dolor y tanta fractura ha causado en buena parte de la ciudadanía catalana y española", como si la aplicación de la ley ante la comisión de delitos fuera opcional para los jueces.

Sánchez pone al frente de Justicia a uno de los suyos, un juez de carrera, con un curriculum particularmente completo para la tarea. Campo ha ejercido la jurisdicción en órganos unipersonales y colegiados, por lo que conoce las tripas de la Administración de Justicia, pero también ha sido gestor: fue director general de Justicia en Andalucía entre 1997 y 2001 y secretario de Estado de Justicia de 2009 a 2011, con el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Sabe lo que es el gobierno de la carrera (fue vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y 2008) y lo que es legislar desde el Congreso, donde ha sido diputado desde 2016 y portavoz socialista de Justicia.

Doctor en Derecho con una tesis sobre los delitos de terrorismo, Juan Carlos Campo tiene alma judicial, una intensa vocación de servicio público y el talante estudioso del opositor. Se prepara concienzudamente durante horas todas sus intervenciones parlamentarias e intenta convencer con la argumentación, no con la emotividad. Por eso sufrió especialmente la reacción que se desató cuando, datos en mano, defendió la innecesariedad de la pena de prisión permanente revisable ante los padres de Sandra Palo, Mari Luz Cortés, Diana Quer y Marta el Castillo, sentados en la tribuna de invitados. "Sin prisión permanente revisable vencimos a ETA, con prisión permanente revisable hemos tenido la muerte de Gabriel. No está ahí el tema", dijo.

Campo, acostumbrado a los segundos planos, saltará a la primera línea de combate en un momento especialmente delicado. En primer lugar, por la parte que le toque de los gestos con los presos del 'procés' que Pedro Sánchez haya pactado con ERC. Tendrá que gestionar, además, los aspectos internacionales del asunto, desde la demanda interpuesta en Bélgica contra el juez Llarena hasta las euroórdenes o los suplicatorios pedidos al Parlamento Europeo contra Puigdemont y Comín. 

Se encontrará con la renovación pendiente de instituciones clave como el CGPJ o el Tribunal Constitucional y con la designación del decisivo cargo de fiscal general, además de la acumulación de reformas legislativas aparcadas, entre ellas la del Código Penal y los indultos.

Deberá afrontar también el enorme descontento de jueces y fiscales por unas condiciones de trabajo inasumibles desde hace lustros y la siempre pendiente modernización de la Justicia, en la que se empeñó como número dos del ministro Caamaño con un ambicioso proyecto de nueva planta judicial y de creación de los tribunales de instancia.

"A poco que haga ya será mucho, teniendo en cuenta que la gestión de su antecesora [Dolores Delgado] ha sido nula", dice una relevante fuente judicial. Campo tiene conocimiento y tablas, pero falta saber cuál será el compromiso de Sánchez con el reto de situar a la Justicia en el siglo XXI.