La instructora del Tribunal de Cuentas que ha investigado los gastos del referéndum ilegal del 1-O cifra en 4.146.000 euros la cuantía de los fondos públicos desviados para la consulta independentista y de cuya utilización ilícita son presuntamente responsables el expresidente catalán Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y otras 18 personas, entre ellos exconsejeros y altos cargos de la Generalitat.

Los representantes legales de los implicados en el expediente abierto por el Tribunal de Cuentas han recibido este martes el acta de liquidación provisional, en el que se fija una fianza conjunta y solidaria de la que deberán responder todos ellos para garantizar que, en caso de sentencia condenatoria, se reintegrarán al erario público los fondos indebidamente utilizados en una votación prohibida por el Tribunal Constitucional.

Si no consignan la fianza en el plazo señalado por el Tribunal de Cuentas se procederá a embargar sus bienes de forma preventiva.

Este tipo de procedimiento es el mismo que se siguió en su día contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y varios miembros de su Gobierno por haber gastado ilícitamente 5 millones de euros en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

En el caso del expediente de responsabilidad contable por la votación del 1 de octubre de 2017, Puigdemont no podrá hacer valer su inmunidad como eurodiputado, un privilegio que no se extiende a esta jurisdicción. La representación del expresidente catalán y del exconsejero Comin no ha comparecido al haber pedido un aplazamiento de la notificación de la liquidación provisional, que la instructora no concedió.

Además de Puigdemont y Junqueras, el procedimiento del Tribunal de Cuentas se dirige contra los exconsejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull (actualmente en prisión por la sentencia del 'procés'); Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila (condenados por desobediencia en la misma causa); y Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret (prófugos de la Justicia).

También están afectados la exconsejera Neus Munté y los ex altos cargos de la Generalitat Antoni Molons, Joaquim Nin y Amadeu Altafaj; Josep María Jové -uno de los negociadores designados por ERC para la investidura de Pedro Sánchez- y Josep Ginesta, procesados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por su intervención en la preparación del referéndum.

El procedimiento de responsabilidad contable fue iniciado por una denuncia del Ministerio Público, que no fijó una cifra concreta del dinero que presuntamente debe ser reintegrado. Sí citaba facturas relacionadas con los locales de votación (900.906,70 euros), gastos publicitarios que se acercan al millón de euros en distintos apartados, un gasto de 979.666,96 euros en papeletas y 38.431,20 euros en cartelería.

También incluyó la "acción de la presidencia catalana" en el exterior, valorada en 2,3 millones de euros, así como gastos en viajes de observadores que superarían los 100.000 euros.

Por su parte, los otros dos demandantes, Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución cifraron inicialmente en 1,9 milones de euros los fondos procedentes del erario publico destinados al 1-O.

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