El Consejo de Estado celebra su primera conferencia de prensa en 498 años de historia

Han tenido que pasar 498 años para que la vetusta sede del Consejo de Estado acogiera a un grupo de periodistas haciendo preguntas sobre la actuación del alto órgano consultivo del Gobierno. El insólito acto de transparencia -una rueda de prensa convocada este viernes por la presidenta del Consejo, Teresa Fernández de la Vega- ha tenido por objeto la presentación de la Memoria de 2018. "Vamos un poco retrasados", ha admitido la máxima representante de una institución que, sin embargo, cumple a rajatabla los estrechos plazos que le pone el Gobierno para los dictámenes de especial trascendencia.

El Ejecutivo sigue al pie de la letra el 99% de los dictámenes que emite el Consejo de Estado, lo que pone de manifiesto la relevancia de un órgano "independiente", destacó Fernández de la Vega, alejado del "ruido, el disparate y la tensión". Una institución "con sentido de Estado, que ayuda al Gobierno, sea el que sea, con lealtad constitucional y rigor técnico y seriedad", apostilló el consejero permanente Fernando Ledesma, que acompañaba a la presidenta.

Ese sentido de Estado estuvo en el origen del Consejo, fundado en 1522 por Carlos I -según el consenso de los historiadores- para que "hubiera alguien que se ocupase, con visión de conjunto, de los asuntos que afectaban a todo el Reino y especialmente a la política exterior, sin las limitaciones territoriales o específicas que tenían los antiguos Consejos de Castilla, de Aragón, de Indias, de Hacienda, etc", explica la página web de la institución.

Al Consejo de Estado se refiere el artículo 107 de la Constitución, que lo configura como "supremo órgano consultivo del Gobierno". Antes estuvo en la Constitución de Cádiz, que se refería a él como "único Consejo del rey, que oirá su dictamen en los asuntos gubernativos y señaladamente para dar o negar la sanción a las leyes, declarar la guerra y hacer los tratados".

Sus competencias son ahora menos belicosas pero de una gran incidencia en los ciudadanos y las empresas. El Consejo de Estado se pronuncia, por ejemplo, sobre la reclamación de indemnizaciones por responsabilidad patrimonial de la Administración o sobre la nulidad, interpretación y resolución de los contratos administrativos cuando se formula oposición por parte del contratista.

La ciudadanía lo percibe, sin embargo, como un órgano distante y opaco. "Queremos que se conozca lo que hacemos", ha dicho este viernes Fernández de la Vega, que ha anunciado que durante 2020 se organizará una serie de encuentros jurídicos e institucionales. Una de las actividades programadas, en coincidencia con el 40 aniversario de la ley orgánica que regula la institución, será el debate sobre su funcionamiento y posibles reformas.

"Rendir cuentas"

La apertura a la sociedad - "rendir cuentas", en expresión de Ledesma, o "la modernización", según Fernández de la Vega- chocará a buen seguro con la tradición de una institución que dispone de un presupuesto público de 11.388.000 euros y que hasta ahora se ha resistido a contar lo que hace. El nombramiento de Nuria Ribas como directora de comunicación se enmarca en este incipiente aggiornamento.

Congeniar la transparencia con la "serenidad" con la que quieren seguir trabajando los consejeros es el reto en una institución en la que no gustan los terremotos ni las tensiones. Preguntada si se han sentido utilizados por el Gobierno cuando han tenido que pronunciarse sobre asuntos conflictivos de naturaleza política, como los relacionados con el proceso independentista catalán, la presidenta respondió "que nos utilicen, somos el órgano consultivo del Gobierno".

Ledesma aseguró, por su parte, que los consejeros encajaron con naturalidad el hecho de que en dos de los contenciosos relacionados con el 'procés' (la investidura telemática de Puigdemont y la reprobación de Felipe VI por el Parlamento catalán) el Gobierno desoyera el criterio del Consejo de que no había fundamentos jurídicos para acudir al Tribunal Constitucional. Los había, porque el TC estimó las impugnaciones del Ejecutivo. "En dictámenes posteriores el Consejo rectificó y aplicamos esa doctrina y así lo seguiremos haciendo", señaló Ledesma.