Ni una palabra en defensa de la idoneidad de Dolores Delgado como fiscal general se ha escuchado de labios del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en las más de cuatro horas que ha durado su estreno en la Comisión de Justicia del Congreso, donde ha presentado su programa de trabajo.
Campo presenta su "Plan Justicia 2030" para la legislatura
Ni una palabra, y no porque no le hayan 'pinchado' los portavoces del PP, Luis Santamaría; Vox, Javier Ortega Smith, y Ciudadanos, Edmundo Bal, para quien "nunca se ha revelado más inidónea la elección de una persona -hasta ayer ministra- para la Fiscalía General". También la representante de la Cup, Mireia Vehí, unió el nombre de Delgado a "las cloacas del Estado", en alusión a las poco edificantes conversaciones de la futura fiscal general con el excomisario José Manuel Villarejo. Santamaría abundó: "¿Alguien que ha sido cazada en esa vergonzosa reunión con Villarejo es una jurista de reconocida competencia?".
Campo, poco dispuesto a que las faltas ajenas estropeen su ambicioso programa de actuación, se salió por la tangente: "es bueno que la propuesta venga del Gobierno", "el Gobierno ha ejercido una competencia constitucional", "tiempo van a tener de criticar a quien quieran, pero dejemos que actúe". Eso sí, solidario con la elección del Gobierno (léase de Pedro Sánchez), el titular de Justicia dejó claro que "si no les gusta, este ministro vendrá a responder políticamente" de la fiscal general.
La investigación, al fiscal
Para tranquilizar a la oposición, Campo avanzó que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal -una de sus iniciativas estrella, cuyo anteproyecto comprometió para antes de fin de año y atribuirá la dirección de la investigación de los delitos a los fiscales- vendrá acompañada, "por supuesto", de una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Público para potenciar los mecanismos de discrepancia como el vigente artículo 27, por el que un fiscal puede cuestionar una orden de su jefe que considere ilegal o improcedente.
"No dudemos de los 2.500 fiscales que se baten el cobre cada día", pidió Campo, que en su etapa de secretario de Estado con el ministro Caamaño ya dejó últimada una reforma procesal penal que no llegó a ver la luz durante esa IX legislativa (2008-2011). El PP tiene difícil oponerse porque en la legislatura siguiente elaboró su propio anteproyecto en la misma dirección.
El problema que se plantea ahora es el perfil de la persona que regirá los destinos de la Fiscalía y, en particular, su marcado sesgo gubernamental. Campo no quiso entrar en si Delgado deberá abstenerse en los asuntos relacionados con el proceso soberanista catalán o Villarejo, cuestiones sobre las que seguramente tendrá que responder ella misma el próximo jueves, cuando está prevista su comparecencia ante la Comisión de Justicia.
Sin pistas sobre el Código Penal
La entente cordiale del Gobierno con las fuerzas independentistas catalanas y su traducción en una reforma del Código Penal que alivie la estancia en prisión de los condenados por el 'procés' han formado parte inevitable del primer contacto del nuevo ministro de Justicia con la Comisión.
Campo no quiso anticipar las líneas de la futura tipificación de los delitos de rebelión y sedición, pero aseguró que "no hay compromiso con un partido" (en referencia a ERC) y garantizó "el más amplio debate, y espero que haya acuerdo".
Lo haya o no, el responsable de Justicia aspira a que la modificación del Código Penal no se convierta en un "palo en la rueda" que lastre el consenso respecto su proyecto de gobierno, que denominó Justicia 2030 y para el que pidió el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias.
"No dejemos que la cortedad de miras, y un mal entendido partidismo, impidan que lleguemos a un acuerdo esta legislatura para convertir la Justicia en un verdadero servicio público", manifestó Juan Carlos Campo, que, entre otras medidas, explicó que el plan pivotará sobre los tribunales de instancia -ya diseñados en su etapa como secretario de Estado-, la transformación digital y el incremento del número de jueces y fiscales.
Las intervenciones de los portavoces han puesto de manifiesto que no lo tiene fácil. A la derecha, el PP ha adelantado que cualquier rebaja de la sedición será considerada "un premio a los condenados, y así será difícil que dialoguemos". "Sánchez le va a pedir que mire para otro lado mientras el independentismo quiebra el Estado de Derecho", le advirtió Santamaría.
Deslegitimación judicial
Pero en el lado de los supuestos aliados lo que se le pide es que suprima la sedición ("sean valientes y deroguen el delito, no lo suavicen",reclamó el diputado de Junts per Catalunya Jaume Alonso-Cuevillas, defensor de Puigemont), en medio de constantes descalificaciones al Poder Judicial y a sus sentencias.
Los portavoces de la Cup, Mireia Vehí; Bildu, Isabel Pozueta; ERC, Carolina Telechea, y Podemos, Jaume Asens, sacaron a relucir la conocida batería de mensajes sobre la "represión judicial a la disidencia política", el "sufrimiento" generado por la aplicación de la legislación antiterrorista (Pozueta es madre de uno de los condenados por el caso Alsasua), la necesidad de suprimir un "tribunal de excepción" como la Audiencia Nacional, la crítica a la herencia del "franquismo" en la cúpula judicial o la descripción del actual Consejo General del Poder Judicial como "un poder incontrolado" que se "extralimita en sus competencias" y que, pese a "estar en funciones", "nombra a jueces conservadores al servicio del PP".
Campo se vio en la necesidad de salir, suavemente, al paso de algunas de esas afirmaciones. Defendió la independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones y aseguró que si la Audiencia Nacional no existiera "habría que inventarla". A Pozueta le contestó que "es lógico que la sociedad se proteja frente al terrorismo" y a Telechea y Asens, los más críticos con el CGPJ, les aclaró que el órgano de gobierno de los jueces no está en funciones sino en prórroga de mandato "y el Consejo no es el responsable".
Renovados casi en su totalidad los portavoces que actúan en la Comisión de Justicia, la sesión dejó algunas perlas, como la de Vehí, licenciada en sociología, cuando expresó su "preocupación por las puertas giratorias entre Judicatura y Fiscalía" y puso como ejemplo la incorporación de Manuel Marchena al Supremo. El acceso de juristas procedentes de la Universidad, la Abogacía o la Fiscalía al alto tribunal existe desde el siglo XIX.