Delito fiscal y blanqueo, el horizonte penal del rey Juan Carlos que depende de los datos de Suiza

La Fiscalía Anticorrupción espera desde hace dos meses a que la Fiscalía de Ginebra le envié la documentación que pueda haber encontrado en relación con el presunto pago de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación en 2011 a un consorcio de empresas españolas y sauditas del tren de alta velocidad entre las ciudades santas de Medina y La Meca, el llamado el AVE del desierto o de los peregrinos.

Primero por correo electrónico, después a través de las autoridades centrales designadas por Suiza y España para la transmisión de información judicial y finalmente por correo postal, Anticorrupción envió en la primera mitad de enero al fiscal suizo Yves Bertossa la petición de que comunique a España sus hallazgos, que podrían comprometer al anterior jefe del Estado, Juan Carlos I.

Bertossa investiga desde julio de 2018 una trama societaria centrada en las fundaciones Zagatka y Lucum. La primera fue constituida por Álvaro de Orleans, primo del rey emérito, y la segunda fue la que recibió en una de sus cuentas suizas abiertas en la banca Mirabeau 100 millones de dólares donados en 2007, a través del Ministerio de Finanzas saudita, por el monarca Abdalá bin Abdulaziz.

Las cintas de Corinna

El fiscal suizo comenzó sus pesquisas tras la difusión por EL ESPAÑOL del contenido de la conversación que el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión por numerosas imputaciones de corrupción, grabó subrepticiamente a Corinna Larsen en un encuentro celebrado en Londres en 2015.

Larsen, examiga del rey emérito, aseguraba en esas grabaciones que Juan Carlos I la utilizó como testaferro para poner a su nombre bienes propiedad del monarca, que éste habría montado una estructura financiera opaca en Suiza y que cobró una comisión por favorecer la adjudicación del AVE a La Meca a un grupo de empresas españolas.

A finales del pasado año Bertossa viajó a Madrid para entrevistarse con el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, y el juez que investiga a José Manuel Villarejo, Manuel García-Castellón. Éste accedió a enviar al fiscal suizo una copia de las grabaciones de Villarejo, mientras que Luzón le remitió los datos que pidió Bertossa sobre las diligencias preprocesales que Anticorrupción tiene abiertas en relación al contrato del AVE del desierto.

En el marco de esas diligencias de la Fiscalía Anticorrupción han sido interrogadas Shahpari Zanganeh, viuda de Adnan Khashoggi, que actuó como project developer del tren de alta velocidad saudí, y Corinna Larsen. En contraste con el conocimiento que exhibió en su conversación con Villarejo, la examiga del rey emérito manifestó al fiscal Luis Pastor el pasado 12 de septiembre que tiene un conocimiento "limitado" y obtenido a través de terceras personas del asunto de las comisiones del AVE a La Meca.

Ambas negaron cualquier actuación ilegal en relación con ese proyecto, en particular porque la donación a la Fundación Lucum del rey Abdalá bin Abdulaziz se produjo en 2007, cuatro años antes de que el AVE a La Meca fuera adjudicado a un consorcio formado al 88% por doce empresas públicas y privadas españolas (Renfe, Adif, Talgo, Copasa, OHL, Cobra, Siemens España, Indra, Imathia, Ineco, Inabensa y Consultrans) y al 12% por dos saudíes (Al Rosan y Al Shoula).

El comunicado de Felipe VI

El pasado diciembre fue Bertossa el que interrogó a Larsen. El fiscal suizo también tomó declaración al broker Arturo Fasana y al abogado Dante Canonica, cuyos despachos registró en busca de datos sobre las fundaciones Zagatka y Lucum, que ambos gestionan.

Ésta es la información que ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción. Este órgano no investiga a Juan Carlos I (aforado ante el Supremo desde su abdicación en junio de 2014) pero considera probable que aparezcan datos sobre el rey emérito, especialmente a la vista del comunicado que emitió el pasado sábado el rey Felipe VI.

El comunicado tiene tres aspectos que en nada favorecen al rey emérito. El primero es que el exjefe del Estado viene a admitir su relación con las fundaciones Zagatka y Lucum al afirmarse que "el rey don Juan Carlos ha pedido a la Casa de S.M. el Rey que se hagan públicos los siguientes extremos: Que de las dos fundaciones anteriormente citadas en ningún momento facilitó información a S.M. el Rey (...)".

El segundo es el reconocimiento implícito de que Juan Carlos I es beneficiario de Lucum, ya que el comunicado señala que Felipe VI recibió hace un año una carta de los abogados de Corinna Larsen en la que aludían a la "supuesta designación [del rey] como beneficiario de la Fundación Lucum desde el momento en el que se produjese el fallecimiento de don Juan Carlos".

Finalmente, Felipe VI, tomando distancias respecto al origen de la fortuna de su padre, comunica su "decisión de renunciar a la herencia de Don Juan Carlos que personalmente le pudiera corresponder, así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad".

Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción explican que, en principio, las diligencias preprocesales que tramita por un presunto delito de corrupción en los negocios (cohecho en operaciones internacionales) no afectarían al rey emérito porque, dadas las fechas de los hechos, estaría protegido por la inviolabilidad de la que disfrutaba como jefe del Estado.

De esta forma, aunque se obtuvieran indicios o pruebas de presuntas ilegalidades en la adjudicación del AVE a la La Meca -que fue el mayor contrato español obtenido en el exterior en aquella época, presupuestado en 6.736 millones de euros- no se le podrían imputar al entonces jefe del Estado.

Una cuestión distinta sería el descubrimiento de fondos o bienes de procedencia ilícita y/o no declarados a Hacienda que se mantuvieran bajo la titularidad, disposición o propiedad real del anterior jefe del Estado después de junio de 2014.

En este supuesto, señalan las fuentes consultadas, se estaría ante presuntos delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública (aunque este segundo no sería perseguible si se ha regularizado la situación tributaria antes del inicio del procedimiento) y el escudo de la inviolabilidad ya no protegería al rey emérito.

Ambos delitos están castigados con penas de prisión. Su imputación al rey emérito sólo podría hacerse, en cualquier caso, por la Sala Penal del Tribunal Supremo. No obstante, fuentes de la Audiencia Nacional señalan que, en función de la información que se reciba de Suiza y en la hipótesis de que lo considerase necesario la Fiscalía, podrían practicarse diligencias para verificar los indicios existentes antes de remitir el asunto al Supremo, como se viene haciendo en otras causas penales.