Un comisario principal de la Policía, un inspector jefe, un inspector y un subinspector acompañarán al banquillo a José Manuel Villarejo por la primera pieza del caso Tándem cuya investigación se da por terminada. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado este jueves concluir la instrucción del Proyecto Iron y ha iniciado la fase de preparación del juicio oral, tal como solicitaron los fiscales anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano.
García-Castellón ve suficientes indicios para que el comisario principal Enrique García Castaño, el inspector jefe Constancio Riaño, el inspector Antonio Bonilla y el subinspector Javier Fernández Pérez sean juzgados por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento de secretos y falsedad documental.
De acuerdo con la resolución que pone fin a la instrucción, García Castaño y Riaño, que están jubilados, y Fernández Pérez habrían recibido dádivas para proporcionar a Villarejo datos personales y reservados sobre los competidores del bufete Herrero y Asociados, cuyo presidente, Francisco Carpintero, y cuatro de sus directivos (Mario Carpintero, Andrés Medina, Álvaro Martínez Muñoz y María Ángeles Moreno) se sentarán también en el banquillo.
Los indicios obtenidos durante la instrucción, basados sobre todo en grabaciones y documentos obtenidos en los registros de la vivienda y oficinas de Villarejo tras su detención en noviembre de 2017, reflejan que Herrero y Asociados contrató en 2013 a este comisario -"a sabiendas de que estaba en activo en la Policía"- para que investigara si varios de sus antiguos socios y empleados, que en junio de 2012 se marcharon del bufete para crear el suyo propio, estaban entrando en sus bases informáticas para sustraer contratos de la cartera de clientes.
Según el juez instructor, la actividad contratada "iba mucho más allá" de un mero servicio de detectives. Villarejo y su número dos, Rafael Redondo, ofrecieron a Herrero y Asociados "obtener, de forma ilegal, informaciones y datos de carácter reservado -tráficos de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria y de seguridad social, etc.- relativos a los miembros del bufete competidor, Balder IP Law.
Existen pruebas de que se produjo un acceso ilícito a datos reservados de carácter administrativo y tributario de Balder, así como a información de carácter personal y patrimonial de los fundadores de este bufete. En cambio, no ha podido acreditarse el acceso al tráfico de llamadas ni al servidor informático, "como también habrían pretendido".
Pago con facturas falsas
El precio del Proyecto Iron, tal como lo llamó Villarejo, se fijó en 325.000 euros, más otros 300.000 euros en concepto de prima de éxito. Herrero y Asociados habría abonado un total de 302.500 euros "de forma opaca, a través de facturas creadas ex profeso para simular la legalidad de dichos pagos bajo la apariencia de unos servicios ficticios".
Además de utilizar a los mencionados mandos policiales, Villarejo se valió para llevar a cabo el Proyecto Iron del funcionario de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria Antonio Chaparro Luque y a otros colaboradores captados en la Tesorería General de la Seguridad Social y en entidades financieras "no suficientemente identificados". Chaparro irá también a banquillo.
El juez exculpa, por el contrario, a otros tres policías -Manuel N.M., José María S.Y. y Juan José D. A.- porque "si bien constaría acreditado que hicieron entrega de datos reservados de algunos de los perjudicados [de Balder IP Law] a sus superiores jerárquicos en la Unidad Central de Apoyo Operativo [la unidad que dirigía García Castaño], tras recibir la orden de éstos de efectuar dichas consultas en bases de datos de acceso restringido en el ejercicio de sus funciones policiales, no consta suficientemente justificado que recibieran dádivas por ello, o que conocieran la finalidad ilícita pretendida con dicho acceso".
Denunciados e investigados
La información obtenida por Villarejo, Redondo y el resto de su organización (entre los que el juez incluye al inspector en segunda actividad Antonio Bonilla; a su esposa, Gemma Alcalá y David Macías) fue utilizada para presentar una denuncia policial contra cinco miembros de Balder IP Law por una supuesta sustracción de datos informáticos.
La denuncia se presentó en la Brigada de Seguridad Informática de la Unidad Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial, "sobre cuyos máximos responsables José Manuel Villarejo tendría capacidad de influencia para que actuaran conforme a sus intereses, con la finalidad de que los denunciados fueran detenidos y formalmente imputados en un procedimiento penal".
Hubo denuncia, aunque no detención, y el atestado policial dio lugar a unas diligencias que abrió el Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid. Los miembros de Balder IP Law tuvieron que ir a declarar con la condición formal de investigados. En julio de 2015 se acordó el sobreseimiento provisional del asunto.
Además de dirigir la continuación del procedimiento contra las 14 personas físicas citadas, el juez atribuye presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y descubrimiento de secretos al propio bufete Herrero y Asociados como persona jurídica.