El Supremo envía al Congreso el suplicatorio para actuar penalmente contra Laura Borràs

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha acordado enviar al Congreso el suplicatorio para a proceder penalmente contra la portavoz de Junts per Catalunya Laura Borrás, a quien abrió una causa el pasado diciembre por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administracion, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

La investigación, iniciada por la jueza de instrucción de Barcelona Silvia López Mejía, se refiere a la actuación de Borràs como directora de la Institución de las Letras Catalanas entre 2013 y 2017, cuando adjudicó contratos por importe de 259.863 euros a favor de un amigo suyo, Isaías H.F., lo que hizo presuntamente fraccionando los contratos y reflejando conceptos inventados e importes inventados.

El presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, ha dirigido este viernes un oficio al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para que traslade el suplicatorio a la Cámara con el fin de que dé su autorización para tomar declaración a Borràs como investigada y proseguir las pesquisas.

El pasado 14 de febrero la diputada se negó a acudir voluntariamente a la citación del instructor, Eduardo de Porres, por lo que el suplicatorio es la única vía posible para que la portavoz de JxC dé explicaciones sobre los hechos que se le imputan.

En la apertura de la causa, el Supremo valoró que los hechos descritos en la exposición razonada enviada por el Juzgado de Barcelona y atribuidos a la diputada aforada “podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental”. El tribunal extendió su competencia, además de a Borrás, a Isaías H.F. por la inescindible conexión inicialmente apreciable entre la conducta que se le atribuye a esta persona y la que se imputa a la aforada. 

Según la investigación del Juzgado de Barcelona, que se recoge en la exposición razonada dirigida al Congreso, hay indicios racionales de que durante los años 2013 a 2017, la ILC adjudicó 18 contratos menores por importe total de 259.863 euros, de forma directa o indirecta a través de sociedades, a Isaías H., con quien Borras, entonces directora del Instituto, mantenía una relación de amistad.

Borrás y H. habrían actuado de común acuerdo mediante el presunto fraccionamiento ilegal de esos contratos y la falsificación de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas independientes.

El pasado 6 de mayo, la Sindicatura catalana de Cuentas dio a conocer un informe de fiscalización que confirmó que el Instituto de las Letradas Catalanas incurrió en un fraccionamiento de la contratación contrario a la normativa de contratos en el sector público durante la época en la que el organismo estaba bajo la dirección de Laura Borràs.