Francisco Martínez, que fue número dos del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, ha pedido por escrito al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que se dirija al Consejo de Ministros con el fin de que acuerde dispensar al antiguo secretario de Estado de la obligación de guardar reserva sobre el conocimiento que tiene de operaciones desarrolladas entre 2013 y 2015 por la Dirección Adjunta Operativa (DAO), en aquel momento a las órdenes de Eugenio Pino.
Martínez, al igual que el propio Pino y otros mandos policiales, está siendo investigado en la pieza número 7 del caso Tándem, referido al entramado delictivo montado por el comisario jubilado José Manuel Villarejo. En esa pieza, denominada Kitchen, se investigan los seguimientos de que fue objeto el extesorero el PP Luis Bárcenas, a quien se sustrajo información comprometida para el PP y sus dirigentes, de Mariano Rajoy hacia abajo.
Martínez ha sido señalado como conocedor de la operación Kitchen por el propio Pino, que asegura que el secretario de Estado autorizó el empleo de fondos reservados para una actuación que, según el exDAO, tenía una finalidad legal: averiguar el patrimonio oculto de Bárcenas y quiénes eran sus testaferros. Para ello captaron como confidente al chófer del extesorero del PP, Sergio Ríos, al que pagaron 40.000 euros.
Pero la angelical versión de Pino no cuadra con el material sobre la operación Kitchen que fue encontrado en la casa de Villarejo (en una de las conversaciones que grabó se alude a información que Bárcenas conservaba sobre Rajoy) ni con las declaraciones que ha prestado en la Audiencia Nacional el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño.
Este comisario jubilado, colaborador habitual de Villarejo, ha confesado que entró sin orden judicial en el taller de restauración de muebles que tenía la esposa de Bárcenas en busca de documentación sensible y que dio a Francisco Martínez un pendrive con la información de los móviles del extesorero, entregados por Ríos y volcados en un ordenador portátil comprado para ese fin con fondos reservados. Entre esos mensajes estaban los conocidos whatsapp de apoyo que Rajoy le envió a Bárcenas cuando empezó a investigarse la financiación ilegal del PP ("Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos").
Martínez, que dejó la política en mayo de 2019, ha defendido la legalidad de su actuación como secretario de Estado. "A pesar de los errores que sin duda cometí, siempre trabajé para prestar el mejor servicio al interés general y siempre lo hice con absoluto respeto a la Ley", aseguró en un comunicado cuando el juez le notificó la condición de investigado el pasado 22 de enero. No obstante, hasta ahora no ha querido declarar alegando que la causa está secreta y que tiene un deber legal de reserva sobre lo que conoció como número dos de Jorge Fernández.
Pero los investigadores siguen recopilando datos incriminatorios en su contra. Desde el pasado 13 de marzo disponen del volcado completo de sus dispositivos electrónicos después de que García-Castellón autorizara una entrada y registro en su domicilio. Entre la información intervenida se encuentran mensajes sobre la operación Kitchen que intercambió con el ministro Fernández Díaz y con el DAO, entre otros.
El movimiento que ahora ha hecho Martínez, solicitando que el juez pida al Gobierno que le dispense del deber de reserva, se interpreta por los investigadores como una señal de que ahora sí está dispuesto a declarar y quiere hacerlo con la tranquilidad de que no incurre en ninguna vulneración de la normativa de secretos oficiales.
Los investigadores aseguran que es "ingente" la información de la que ahora disponen y vinculan a ese hecho el cambio en la estrategia de defensa del exnúmero dos de Interior.