La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido este lunes 10 años de prisión para el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero por un delito de sedición por su papel en el proceso soberanista catalán que culminó con la celebración del referéndum independentista del 1-O.
Alternativamente, el Ministerio Público califica la conducta de Trapero como un delito de desobediencia a la autoridad judicial, ya que la consulta se celebró, ante la "inacción" de los Mossos d'Esquadra, pese a estar prohibida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Constitucional.
El juicio contra Trapero, la intendente Teresa Laplana; el ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig y Pere Soler, director general de los Mossos, se ha reanudado ante la Sección Penal Primera de la Audiencia Nacional tras su suspensión el pasado 13 de marzo debido al estado de alarma por el Covid-19. Los acusados no han acudido de manera presencial a la sala y han seguido el desarrollo de la sesión por videconferencia.
La Fiscalía rebaja la acusación contra Trapero
El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha anunciado que modifica su acusación para descartar el delito de rebelión, en coherencia con la sentencia del Tribunal Supremo que el pasado 14 de octubre absolvió de este cargo a los exmiembros del Gobierno de Carles Puigdemont, condenados, en cambio, por sedición.
La suavización de los cargos se produce tras el acceso de la exministra de Justicia Dolores Delgado a la Fiscalía General, que ha supervisado la acusación definitiva.
Ésta supone una rebaja de sólo un año de cárcel en la petición de pena respecto a acusación provisional de rebelión presentada el 2 de noviembre de 2018. Para Laplana se siguen pidiendo 4 años de cárcel.
La calificación alternativa de desobediencia no conlleva pena de prisión, ya que este delito (que castiga a las autoridades o funcionarios públicos "que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior") se sanciona con multa e inhabilitación para cargo público.
Si el tribunal optara por ese delito, Trapero perdería su puesto en los Mossos d'Esquadra.
Las defensas de los cuatro acusados solicitan la libre absolución de sus clientes y niegan tanto la calificación principal de sedición como la alternativa de desobediencia.