El fiscal del Supremo investigará "directamente" al rey Juan Carlos por el AVE a La Meca

La Fiscalía Anticorrupción envió hacer tres semanas a la Fiscalía del Tribunal Supremo las diligencias preprocesales que abrió a finales de 2018 para investigar un presunto delito de cohecho en actividades económicas internacionales en relación con las comisiones ilegales que pudieron pagarse por la adjudicación a un consorcio de empresas españolas de la construcción del AVE a La Meca.

La Fiscalía del Supremo ha asumido la investigación "al resultar que una de las personas involucradas en los hechos investigados era el entonces rey, hoy rey emérito, D. Juan Carlos de Borbón", ha informado este lunes la Fiscalía General.

Anticorrupción inició una investigación sobre la adjudicación de la fase II de la construcción del llamado el AVE del desierto después de que el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional archivara la pieza Carol, una parte de la causa que se instruye contra el comisario José Manuel Villarejo.

La pieza Carol arrancó de una grabación realizada por Villarejo en la casa londinense de Corinna Larsen, antigua amiga íntima del rey emérito, que afirmó que éste cobró 100 millones de dólares en 2007 por favorecer la posterior adjudicación de ese proyecto a una UTE de empresas españolas y saudíes, y que esa comisión se canalizó a través de la intermediaria iraní Shahpari Zanganeh, viuda de Adnan Khashoggi. 

El Juzgado archivó la pieza Carol en septiembre de 2018 en razón a la inviolabilidad de Juan Carlos I y a la imprecisión de los datos que su antigua amiga daba en la grabación en relación al papel de testaferro del emérito que ella tuvo.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, decidió entonces iniciar una investigación sobre el Ave a La Meca no centrada en el exjefe del Estado sino destinada a esclarecer el presunto pago de comisiones por empresas españolas.

Pero la investigación que, en paralelo, ha abierto el fiscal suizo Yves Bertossa sí apunta directamente al rey emérito al descubrirse que habría sido el beneficiario de un ingreso en la banca Mirabeau de 100 millones de dólares 'donados' por el monarca Abdalá bin Abdulaziz.

El gestor de la fortuna de Juan Carlos I en Suiza, Arturo Fasana, por su parte, manifestó a Bertossa que el rey llevó a Suiza en 2010 un maletín con 1,9 millones de dólares que le había 'donado' el sultán de Bahréin.

El conocimiento público de estos datos llevó el pasado 15 de marzo al rey Felipe a anunciar que renunciará a la herencia de Don Juan Carlos que pudiera corresponderle y que su padre deja de percibir la asignación que tiene fijada en los presupuestos de la Casa Real.

Salto a la Fiscalía del TS

Anticorrupción, que en el marco de su investigación preprocesal interrogó a Larsen y a Zanganeh, pidió el pasado enero a Bertossa las cuentas corrientes suizas de las que puede ser beneficiario Juan Carlos I, entre otros datos en poder de Bertossa.

Se trata de diligencias que ya afectan personalmente al exjefe del Estado. Por ello, Luzón redactó el pasado marzo un decreto dando cuenta de la investigación y analizando la posible relevancia penal de los hechos. El decreto, que llegó a la Fiscalía General hace tres semanas, es el que ha motivado que Dolores Delgado haya encomendado a la Fiscalía del Supremo la continuación de la investigación.

Según un comunicado hecho público por la Fiscalía General, la investigación se centra "en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el rey emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al jefe del Estado".

Añade que las diligencias que es preciso realizar "afectan directamente al rey emérito", que es aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de ahí que la Fiscalía del alto tribunal haya asumido la investigación.

El pasado 5 de junio la fiscal general dictó un decreto en el que designa para esta investigación al fiscal de Sala de la especialidad de delitos económicos, Juan Ignacio Campos. Dada la "transcendencia institucional de esta investigación", señala el comunicado, se ha designa a un fiscal de la más alta categoría.

Blanqueo o delito fiscal

Fuentes de Anticorrupción aseguran que "en este momento" no hay datos verificados para interponer una querella contra Juan Carlos I ante la Sala Penal, aparte de la existencia de "dificultades de encaje delictivo" de los hechos.

El delito de corrupción en los negocios o cohecho en operaciones internacionales estaría, en principio, cubierto por la inviolabilidad de jefe del Estado, señalaron.

Podría apreciarse un delito de blanqueo, pero podría estar afectado por la irresponsabilidad penal el rey emérito por el delito antecedente (el cohecho en actividades económicas internacionales), por lo que todo depende de que éste se considere total o parcialmente cubierto por la inviolabilidad.

Resta un posible delito fiscal, pero para ello es preciso determinar si el dinero del que presuntamente fue beneficiario el rey emérito fue una comisión ilegal o una donación.